La nueva normativa vigente sobre la prescripción y el uso de medicamentos para animales trae a los veterinarios por la calle de la amargura. Aprobada en 2023, la regulación entró en vigor durante este 2025 y ata de pies y manos a los profesionales, que denuncian que la actuación hospitalaria pone en riesgo la vida de los animales al volverse lenta e ineficaz por una mala aplicación de la norma.
El proceso de curación de un animal ha cambiado con la normativa actual. Los veterinarios están ahora obligados a hacer un cultivo previo que tiene un coste y, además de retrasar el proceso de curación del animal afectado, pone en riesgo su vida por no poder prescribir de primeras el antibiótico adecuado.
Las primeras manifestaciones de los colectivos veterinarios contra la nueva ley animal no tardaron en llegar, pero la situación continúa escalando a medida que pasan las semanas y no se obtiene una respuesta convincente por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, administración a la que acusan de una mala aplicación de un reglamento que funciona adecuadamente en el resto de la Unión Europea.
Desde las protectoras nacionales destacan que si bien en el resto de Europa se ha interpretado adecuadamente, aplicándose únicamente en ganadería, en nuestro país llega al punto de extenderse a animales de compañía y los que viven en la calle.
Los veterinarios anuncian más manifestaciones por la legislación animal vigente
Desde el COLVEMA (Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid) han anunciado que el sector veterinario continúa movilizándose contra la Ley del Medicamento. El 19 de marzo se ha llamado a los medios a una rueda de prensa sobre el impacto del Real Decreto 666/2023 y la normativa que ha entrado en vigor, mientras que para el 26 de marzo se ha convocado una movilización nacional frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias de España, concretamente entre las 10:00 y las 12:00 horas.
Se ha convocado una movilización nacional de veterinarios el 26 de marzo contra la regulación vigente
«El sector veterinario español da un paso más en la defensa de sus reivindicaciones con la constitución formal del Comité de Crisis VET, integrado por representantes de todas las asociaciones profesionales (AMVAC, AVEPA, CEVE, FESVET, VETSUNIDOS, VETWARRIORS, ANEMBE, AVEDE, AVEM, AVEE, SEOC, CONEVET, …), científicas (SOCIVESC, AVESA…), Facultades de Veterinaria, y Colegios Profesionales, encabezados por CGCVE (Consejo General de Colegios de Veterinaria de España)», explican desde COLVEMA en un comunicado.
El colegio afirma que «este comité simboliza la unión histórica del colectivo ante la actual problemática derivada de la legislación vigente sobre medicamentos veterinarios y la implementación del sistema PRESVET, que limita la actuación profesional y pone en riesgo la salud de los animales».
Casi 100.000 euros de multa a un veterinario por la nueva Ley del Medicamento a animales
La complejidad de esta coyuntura no solo se agrava porque la normativa pone en riesgo la vida de animales del territorio nacional español, sino que a su vez amenaza con cuantiosas sanciones a los veterinarios que no sigan el nuevo procedimiento.
El caso más llamativo hasta el día de hoy es el de la multa de 90.000 euros a un veterinario en Baleares por incumplir la correcta prescripción y venta de medicamentos. La Patronal de Clínicas Veterinarias de Baleares informó de esta primera y elevada sanción que se llevó a cabo a finales de febrero y, según el presidente de la patronal Andreu Oliver, ya se encuentra en proceso de judicialización.
«Los veterinarios tenemos 15 días para subir a la plataforma PRESVET la receta del antibiótico, si no lo haces o tienes algún error, las sanciones son absurdamente desproporcionadas. Inicialmente las graves eran de más de un millón de euros», denuncia un veterinario particular.
A su vez, el gerente del grupo veterinario Adrisa avivó aún más la controversia al anunciar el caso de la muerte de Selva, una perra de 9 años de raza Jack Rusell que falleció en Galicia tras no recibir a tiempo el tratamiento antibiótico adecuado. Los veterinarios no podían administrar un medicamento más potente a tiempo sin llevar a cabo un cultivo previo que justificase su utilización.
Ya hay dueños medicando a sus propias mascotas con antibióticos humanos
Pero la cosa no se queda ahí. La situación ha seguido escalando hasta el punto de que dueños están medicando por sí mismos a los animales de los que se hacen cargo con tal de intentar salvarle la vida a los perros y gatos cuyo proceso curativo se alarga debido a la burocracia impuesta por el nuevo Real Decreto que está en activo.
«Mis dos gatitas viven de milagro. No podían curarlas porque no llevaban chip y no llevaban chip porque al estar enfermas no podían ponérselo. Les puse antibiótico humano porque la veterinaria no podía medicarlas con la ley de protección animal. Una ley ideológica y absurda», escribía el activista policial Josema Vallejo. «Estoy en una situación similar con una gatita que hemos recogido de la calle con varias enfermedades», denunciaba un usuario a través de la red social X.
Esta particularidad lleva a su vez a malentendidos, puesto que, al contrario de lo que señalaba Vallejo, la legislación sí permite tratar con fármacos del botiquín clínico a animales de colonia, abandonados o extraviados, bastando una descripción del animal pese a no estar identificado por chip. La nueva aplicación provoca que los veterinarios actúen con miedo sobre lo que pueden y no pueden hacer (más tras las multas que se empiezan a aplicar), pero en cualquier caso aquí lo importante y reseñable es que las consecuencias llegan al punto de que hay dueños suministrando antibióticos humanos a sus propias mascotas al no poder encontrar una solución efectiva y/o inmediata.
Junto a las protestas descritas anteriormente, cabe destacar que la Organización Colegial Veterinaria (OCV), a través de su presidente Luis Alberto Calvo, ha solicitado nuevamente por carta un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de cara a abordar la situación y exponer el malestar existente en la profesión tras la entrada en vigor de la nueva normativa.
Mientras, OCV continúa contactando con los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para trasladar las reivindicaciones, habiéndose reunido ya con representantes de PSOE, PP, Sumar y Vox. Por su parte, Gabriel Rufián, como portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, ha reclamado la creación de una comisión en el Congreso para abordar la situación del sector veterinario en España ante la creciente carga burocrática.
