El plan de reducción de la jornada laboral impulsado por el Ministerio de Trabajo, que será implementada de forma progresiva con el objetivo de que esté plenamente vigente el 31 de diciembre de 2025, trae consigo un fuerte impacto económico para las empresas. Según estimaciones de la patronal, la disminución de la jornada de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial provocará un encarecimiento del 21,5% en el coste por hora trabajada, un dato que parece que pasa desapercibido, pero que podría generar un gran impacto en la economía.
Este incremento preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que es sin duda el sector más afectado por la medida del gobierno, y que además advierten sobre las dificultades para asumir un mayor gasto sin comprometer su viabilidad. Esta reducción pone entre la espada y la pared a los pequeños empresarios, quienes deben decidir entre dejar ir al personal y continuar con la empresa.
De momento, ya el sector empresarial ha manifestado su inquietud ante la falta de compensaciones para amortiguar el golpe financiero. Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida como un avance en los derechos laborales y una vía para mejorar la conciliación. Todos estos logros no se niegan, se celebran de hecho, pero los empresarios advierten que con esta medida, la productividad podría resentirse si no se permite una adaptación progresiva.
Mientras el tiempo para su implementación se agota, el debate sigue abierto y las compañías analizan cómo reorganizar sus recursos sin afectar la calidad del empleo y por supuesto, sin que represente el cierre del negocio.
Un aumento de costes que pone en jaque a las pymes
La reducción de la jornada laboral sin ajuste salarial implica un incremento inmediato en el coste por hora trabajada, lo que supone un desafío especialmente para las pequeñas y medianas empresas, un sector que al parecer no han tomado en cuenta. Con menos margen de maniobra que las grandes corporaciones, muchas pymes verán reducida su capacidad de inversión y contratación, lo que se traduce en menos ofertas de empleo, dificultando su crecimiento en un contexto económico ya complejo.
Los expertos advierten que este sobrecoste del 21,5% podría traducirse en ajustes de plantilla o en un encarecimiento de bienes y servicios, impactando no solo en las empresas, sino también en los consumidores, sin mencionar el impacto que podría generar en el empleo, ya que podrían cerrarse puestos de trabajo y disminuir las ofertas.
Como siempre, los sectores más afectados serán aquellos con una alta dependencia de la mano de obra, como la hostelería, el comercio y la industria manufacturera, sectores que además se vieron afectados por la pandemia COVID-19. Los empresarios de estos sectores ya han levantado la voz y han alertado de que la medida podría generar una mayor precarización del empleo, ya que algunas compañías optarán por contratos temporales o aumentos de la carga laboral para compensar las horas perdidas.
Aunque el objetivo del Gobierno es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la falta de incentivos para las empresas podría traducirse en una crisis de competitividad, afectando la sostenibilidad de muchos negocios.
El dilema de la productividad y la reorganización del trabajo
Con una jornada de trabajo reducida, pero con el mismo salario, las empresas se ven obligadas a repensar sus modelos de producción para evitar pérdidas en su rendimiento. Algunas compañías podrían optar por intensificar la carga de trabajo en menos horas, lo que podría afectar la salud y bienestar de los empleados y en el último de los casos, prescindir de algunos trabajadores.
Otras de las opciones que barajan las pequeñas empresas es la automatización y la digitalización como soluciones a largo plazo, aunque la inversión inicial necesaria para estas transformaciones supone un reto adicional, especialmente para las pymes, lo que representa un gran desafío para el sector.
Los analistas ya han hecho énfasis en que la clave estará en la capacidad de adaptación de cada sector, un elemento que se puede evaluar solo a mediano y largo plazo. Mientras que en áreas con alta flexibilidad laboral, como el teletrabajo o los servicios tecnológicos, la medida podría implementarse con menor impacto, en otros sectores, como la construcción, la hostelería o la sanidad, la reducción de horas requerirá una reorganización profunda.
Si la productividad no se ajusta a este nuevo escenario, tal y como muchos expertos creen que ocurrirá, debido entre otras razones a la prontitud en la implementación de la medida, el resultado podría ser una ralentización económica y una pérdida de competitividad frente a otros países con normativas más flexibles.
El sector empresarial pide compensaciones para mitigar el impacto
Las patronales y asociaciones empresariales no han dejado de alzar la voz desde que se hizo pública la pretensión del gobierno de reducir la jornada laboral, para exigir medidas de apoyo que amortigüen el impacto de la reforma. Entre sus principales demandas destacan la reducción de gastos importantes asociados a los costos de los trabajadores, como la disminución de las cotizaciones sociales, incentivos fiscales y una aplicación progresiva de la medida que permita a las empresas adaptarse sin poner en riesgo su estabilidad.
El sector argumenta que sin un plan de compensación adecuado, la reducción de jornada podría desencadenar despidos o una mayor contratación en la economía sumergida, lo que sin duda podría afectar seriamente áreas como el empleo y los beneficios de los trabajadores.
Desde el Gobierno, la ministra Yolanda Díaz defiende que la reducción de jornada beneficiará a largo plazo tanto a empresas como a trabajadores, asegurando que otros países han logrado equilibrar la productividad con menos horas laborales, pero la ministra parece olvidar que no todas las realidades económicas son iguales. Sin embargo, los empresarios advierten que España no cuenta con las mismas condiciones económicas que Alemania o Países Bajos, donde estas medidas se han implementado con éxito.
De momento la incertidumbre para reinar en un escenario en el que no se tiene claro cómo se aplicarán estas compensaciones, lo que sigue siendo una de las principales preocupaciones en el tejido empresarial, que teme que sin incentivos adecuados, la medida termine afectando más de lo que beneficia.
