Los veterinarios de toda España se han unido y levantado contra la nueva normativa que regula la prescripción y uso de medicamentos para animales al considerar que afecta gravemente a los tratamientos hospitalarios de los mismos. Son múltiples las quejas acerca de que la legislación vigente vuelve la actuación veterinaria ineficaz y perjudicial, comprometiendo la recuperación de las mascotas y los animales callejeros.
De hecho, cerca de 2.000 veterinarios se concentraron en Madrid esta pasada semana en una concentración frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Piden la derogación del Real Decreto 666/23 de 18 de julio no es reciente, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 172 del 20 de julio de 2023 y entró en vigor al día siguiente pero, como explican en el Consejo General de Abogacía Española, es en su Disposición Final Quinta donde especificaba que a partir del 2 de enero de 2025 se aplica la comunicación de los datos de prescripciones veterinarias de antimicrobianos para animales de compañía.
El Reglamento de la Unión Europea 2019/6 prescribe en su artículo 105 que el veterinario deberá poder justificar la prescripción veterinaria de medicamentos antimicrobianos, y que estos solo se expedirán tras un examen clínico o cualquier otra evaluación adecuada del estado de salud del animal por parte de un veterinario.
En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press, el presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) exigía durante la reciente manifestación la derogación de la nueva normativa explicando que «dificulta toda la labor de la medicación por parte de los veterinarios. Deja a un lado su acervo científico y su experiencia a la hora de medicar».
Multitud de animales sufren las consecuencias de la nueva regulación veterinaria
Desde la protectora española HOOPE Bienestar Animal detallan que la medida que nació para regular el uso excesivo de medicamentos en animales de consumo ha sido mal aplicada en España. Mientras que en el resto de Europa se ha interpretado adecuadamente -únicamente en ganadería-, en nuestro país llega al punto de extenderse a animales de compañía y los que viven en la calle.
Entre las distintas consecuencias que enuncian, llama la atención la limitación de los veterinarios por un protocolo innecesario. «Para recetar un antibiótico tendrán que hacer un cultivo previo, y mientras solo podrán administrar un antibiótico básico que en muchos casos no es suficiente para curar a un animal. Habrá animales que no resistirán la espera y morirán», sentencian en un comunicado público.
Esta nueva regulación ya ha costado vidas de animales que podrían seguir entre nosotros
Aseguran que esta ley ya ha costado vidas, y la mejor prueba de la mala aplicación de esta regulación es un caso concreto que una fuente anónima ha detallado a este diario. Hemos podido conocer de primera mano la situación de un animal que ha estado a punto de morir por los obstáculos y trabas existentes tras la aplicación de la normativa.
«El perro fue al hospital veterinario con una neumonía que le impedía respirar; no sabían si era por aspiración o porque tenía un cuerpo extraño en el pulmón. Por la regulación no podían darle antibióticos hasta que no le hicieran una prueba en el pulmón que ponía en riesgo su vida porque tenían que dormirlo y tiene posibilidades de morir al ser bastante mayor», explica al diario QUÉ! una persona afectada.
Nos cuenta que se negó a hacerlo por miedo y, afortunadamente, el estado del perro terminó mejorando, aunque sigue sin estar recuperado porque no ha podido someterse al tratamiento que debería aplicársele. El Real Decreto obliga incluso a las protectoras a hacer pruebas a todos los animales que ingresen antes de medicarlos, aunque se mueran por el proceso. Esto incrementa los abandonos, ya que las pruebas son también muy costosas.
Las protestas no cesan
Ante este panorama, la organización colegial veterinaria advierte de que se llevarán a cabo más marchas y protestas, y que la de principios de marzo es solo la primera manifestación, por cuyo grado de convocatoria están satisfechos. Desde el colectivo piden urgentemente eliminar la «carga burocrática desproporcionada» que «no aporta mejoras reales en el control de los fármacos».
Además, explican que han añadido entre sus reivindicaciones la petición de reducir el IVA del 21 % al que tributan los servicios veterinarios, con el objetivo de pasarlo a tipo reducido para que no sea tan costosos los tratamientos que afectan a la vida y salud de miles de animales de compañía de todo el territorio nacional.
Por último, otra de las peticiones llevadas a cabo por los veterinarios -en esta ocasión desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE)- es que la regulación veterinaria pase a depender del Ministerio de Sanidad, dejando de estar amparados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del cual consideran que hace una lectura mercantilista de los animales.