El pasado viernes, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca ha reconocido a una trabajadora su derecho al permiso parental retribuido de ocho semanas, pendiente de trasponer de manera íntegra por parte del Estado.
La sentencia, ganada por los servicios jurídicos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), es la primera firme en España por la que se reconoce el derecho a una trabajadora a disfrutar el permiso parental de ocho semanas retribuido.
LOS FUNCIONARIOS CELEBRAN LA SENTENCIA JUDICIAL: SE RECONOCE EL DERECHO AL PERMISO PARENTAL RETRIBUIDO
Según recoge el auto, la afectada es una empleada pública, facultativa del Hospital Virgen de la Luz, en Cuenca. Esta trabajadora había solicitado un permiso parental de cuatro semanas para el cuidado de su hija menor de ocho años desde el 15 de octubre de 2024.
A pesar de la Directiva europea (UE) 2019/1158, que reconoce hasta ocho semanas de permiso parental retribuido, la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Cuenca denegó este derecho amparándose en la «falta de desarrollo reglamentario» de la norma europea en la legislación española.
Es por eso que la representación de funcionarios ha aprovechado este precedente para pedir al Gobierno la aprobación general de esta medida. En este sentido, la sentencia fundamenta que las disposiciones de la Directiva europea «son incondicionales, suficientemente claras y precisas», y añade además que «el permiso parental debe ser retribuido».
LA REPRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS PIDE AL GOBIERNO LA APROBACIÓN GENERAL DE LA MEDIDA
Asimismo, afea al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que no es «determinante» el hecho de no haberse desarrollado reglamentariamente las condiciones del permiso, puesto que dicho retraso es imputable a la Administración.
Asimismo, tras la denuncia del CSIF, la Comisión Europea abrió un expediente a España por incumplir con la directiva mencionada.
Por ello, CSIF no sólo ha celebrado esta «sentencia pionera», sino que ha anunciado que impulsará reclamaciones similares en otros sectores de la administración pública.
En los últimos años, la conciliación entre la vida laboral y familiar ha cobrado una importancia creciente en las políticas sociales y laborales. Recientemente, una sentencia judicial ha reconocido por primera vez el derecho a un permiso parental retribuido de ocho semanas. Todo un avance en la lucha por la igualdad y los derechos de los trabajadores.
EL PERMISO PARENTAL RETRIBUIDO, UN DERECHO LABORAL QUE PERMITE A TRABAJADORES AUSENTARSE PARA CUIDAR DE SUS HIJOS
¿Qué es el permiso parental retribuido? Es un derecho laboral que permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo para cuidar de sus hijos, manteniendo durante ese período una remuneración económica.
Este permiso se enmarca dentro de las políticas de conciliación familiar y laboral, y tiene como objetivo facilitar que los padres y madres puedan dedicar tiempo a sus hijos sin que ello suponga una merma en sus ingresos.
Hasta ahora, el permiso parental en España era mayoritariamente no retribuido, lo que dificultaba que muchos trabajadores, especialmente aquellos con menos recursos económicos, pudieran permitirse tomarse un tiempo para cuidar de sus hijos.
Sin embargo, la reciente sentencia judicial para funcionarios ha establecido un precedente al reconocer el derecho a un permiso parental retribuido de ocho semanas, lo que supone un avance significativo en materia de derechos laborales y sociales.
SUMAR LO INCLUYÓ EN SU PROGRAMA, PERO EL PSOE EVITA ASUMIR UN COMPROMISO DE PLAZOS
Lo cierto es que, en su momento, Sumar incluyó la trasposición de este permiso, que entendían que debía ser retribuido durante al menos cuatro semanas, en el programa electoral de julio de 2023. También lo situaron como una materia central en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 que el PSOE decidió abandonar.
Esto, para prorrogar las cuentas del año anterior, por lo que el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de que cumpla con esta obligación «lo antes posibles» y forma parte de su paquete de propuestas para los PGE de 2025.
Desde el PSOE han evitado asumir un compromiso de plazos para poner esta cuestión en marcha, a pesar que tanto los sindicatos como el resto de formaciones políticas opinan que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz tiene mucho que decir en este punto
