El alquiler social es un mecanismo creado por el Gobierno para aquellas personas que han perdido su vivienda. Se trata del acceso a alquiler de domicilios (pertenecientes al Fondo Social de Viviendas) cuyos propietarios son los bancos o entidades de crédito.
Hablamos de un tipo de iniciativa que busca ofrecer una solución habitacional a personas en riesgo de exclusión social, con ingresos bajos o en situaciones de vulnerabilidad, garantizando que tengan acceso a un techo adecuado a un precio asequible.
LAS VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA
El objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna, así como promover la cohesión social y la inclusión de aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad. En este momento, hasta ahora, España se sitúa a la cola en esta materia y la brecha con el resto de países europeos, según queda reflejado en el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, el boletín especial de vivienda social elaborado por el Ministerio de Vivienda de España.
El gasto en protección social en vivienda en España es de 34 euros por habitante, una de las cifras más bajas de Europa. En comparación, países como Alemania, Francia o Suecia destinan entre cinco y ocho veces más recursos a este tipo de ayudas. La media europea se encuentra en 106 euros, hasta tres veces más.
Para alcanzar la media europea, según este documento, España necesitaría aumentar su parque de vivienda social en 4,7 puntos porcentuales, lo que equivaldría a la construcción de aproximadamente 850.000 viviendas más en régimen de alquiler social.
ESPAÑA NECESITARÍA UN MÍNIMO DE 850.000 VIVIENDAS MÁS PARA ESTE PLAN
Y es que, en este momento, España apenas alcanza el 2,5% de viviendas en alquiler social para personas en exclusión social o vulnerables. O lo que es lo mismo; de 18 millones que constituyen el parque inmobiliario, apenas 432.000 están destinadas a ello, el 2,4%.
Se trata de una cifra que crece respecto al anterior boletín (de 2020) porque esta vez se ha calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Pero aun así palidece frente al 29% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 20% de Dinamarca. Incluso Francia y Suecia, con el 17% y el 16% respectivamente, están muy por delante de España en términos de vivienda social.
A pesar de un leve cambio de tendencia desde 2019, con un aumento paulatino de las viviendas protegidas edificadas (en un lustro se han contabilizado 46.114 casas de este tipo), España sigue lejos de los estándares europeos.
No es solo una cuestión de números, sino de enfoque: mientras otros países han desarrollado sistemas robustos de vivienda social como una herramienta clave de la política pública, España sigue dependiendo en gran medida del sector privado para cubrir las necesidades habitacionales de la población, incluida la más vulnerable.
NAVARRA Y PAÍS VASCO LAS QUE MÁS DESEMBOLSAN; MURCIA Y VALENCIA, LAS QUE MENOS
Las diferencias de inversión en políticas de vivienda dentro del propio país también son notables. Comunidades como Navarra y el País Vasco destacan por su mayor desembolso, con una media de 186 y 76 euros por habitante, respectivamente. Ambas cifras superan con creces la media nacional de 40 euros que se registró entre 2002 y 2023. En el otro extremo, regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana se encuentran a la cola, con inversiones notablemente inferiores que no llegan a los 20 y 30 euros por habitante, según las cifras del documento.
