El número total de plazas con las que cuenta en la Península la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, asciende a un total de 45.185, según ha detallado el Gobierno.
En distintas respuestas por escrito a preguntas registradas por Junts en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo precisa que dispone de 29.211 plazas en el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) y de 15.974 plazas del Programa de Atención Humanitaria.
Según explica el Gobierno, el Programa de Atención Humanitaria está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden al país vía terrestre, por las ciudades de Ceuta y Melilla.
En concreto, precisa que estas personas son atendidas en centros públicos directamente gestionados por el Ministerio o bien con recursos gestionados mediante acción concertada con 14 entidades del tercer sector autorizadas.
Además, el Gobierno puntualiza que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el proceso de traslados, una vez que las personas que llegan a España han sido identificadas por Policía como adultos y son derivados a alguno de sus recursos.
Así, concreta que los traslados a la península desde Canarias, Baleares o los CETIs de Ceuta y Melilla obedecen a «un protocolo estandarizado de redistribución territorial en función de la capacidad de los centros y la disponibilidad de plazas, la colaboración con las entidades especializadas y las redes de apoyo que las personas manifiestan a su llegada y, por supuesto, el perfil de vulnerabilidad y la situación jurídico-administrativa de las personas a trasladar».
En esta misma línea, en otra respuesta al mismo grupo parlamentario, el Gobierno indica que esta asignación de plazas, «depende de la situación del programa en cada momento, en función de la evolución de la situación migratoria, las circunstancias y naturaleza de los recursos y dispositivos, el periodo del año u otras situaciones de presión no migratoria».
Además, apunta que en la asignación se tienen en cuenta «el perfil adecuado de las necesidades y la situación de los inmigrantes (hombres solos, familias, mujeres solas, vulnerables, víctimas de trata, etc.)».
Asimismo, el Gobierno señala que «estas plazas están en una red estatal y su disponibilidad se actualiza en tiempo real dependiendo de distintos factores: situación migratoria, salidas de usuarios y la consiguiente disponibilidad de plazas, situación y naturaleza de los recursos y dispositivos, periodo del año u otras situaciones de presión no migratoria».
«GOZAN DE LIBERTAD DE MOVIMIENTOS»
En cuanto al régimen en el que se acoge a estas personas, el Ejecutivo añade que «gozan en todo momento de libertad de movimientos, sin perjuicio de los horarios de actividades» y asegura que las personas «pueden abandonar voluntariamente el centro por distintas razones, entre ellas, el ir a reagruparse con sus familias o con otras personas con las que poseen algún tipo de vínculo».
Desde la Administración no se fuerza a salir a estas personas ni tampoco se les teledirige a una determinada zona o municipio. Es más, cuando manifiestan disponer de contactos o redes en otros territorios se verifican dichos vínculos, a fin de evitar, en la medida de lo posible, casos de trata o explotación escondidas tras ‘falsos vínculos'», explica.
Por otro lado, el Ejecutivo explica que la Secretaría de Estado de Migraciones «remite mensualmente» a las comunidades autónomas la «información actualizada» sobre el número de plazas de los dispositivos estables del Programa de Atención Humanitaria, así como de los dispositivos de emergencia que se han ido abriendo para atender el repunte de las llegadas; e informa a las Delegaciones de Gobierno y a los municipios de las aperturas de centros y dispositivos.
Según indica el Gobierno, desde el 1 de enero de 2023 el Programa de Atención Humanitaria se realiza con carácter ordinario en el marco de la acción concertada. Además, apunta que dicho programa también se está asumiendo, con carácter extraordinario, con cargo a la declaración de emergencia adoptada a mediados de octubre de 2023 y sus posteriores ampliaciones adoptadas tanto en 2023 como en 2024.
