La reciente reforma laboral ha supuesto un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España. Desde su implementación, estas compañías han registrado un aumento significativo en los costes laborales, que han crecido un 5,2% solo en el último trimestre. Este incremento, impulsado principalmente por las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), contrasta con un preocupante descenso en la productividad, que se encuentra un 1,7% por debajo de los niveles previos a 2019. Las políticas laborales, lejos de impulsar el crecimiento empresarial, están ahogando la rentabilidad de este segmento clave del tejido productivo nacional.
Los empresarios han señalado cómo las nuevas normativas están debilitando su capacidad de adaptación en un contexto económico complejo. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha advertido que las medidas gubernamentales están generando rigideces que frenan las ventas y multiplican los gastos operativos. Según sus informes, las pymes han experimentado nueve trimestres consecutivos con incrementos en los costes laborales superiores al 5%, algo que no ocurría desde 1994. Esta situación está erosionando la rentabilidad y dificultando la supervivencia de muchas empresas, especialmente las más pequeñas.
Además, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial, una de las propuestas estrella del Ministerio de Trabajo, está generando incertidumbre en el sector. Cepyme ha subrayado que esta medida, aplicada sin considerar las diferencias entre las grandes corporaciones y las pymes, agravará aún más la brecha de competitividad. Mientras las grandes empresas pueden absorber estos costes con mayor facilidad, las pymes enfrentan una doble presión: un aumento de sus gastos laborales y un entorno económico que no favorece el crecimiento de sus ventas.
El aumento de los costes laborales ahoga a las pequeñas empresas
El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años ha supuesto un desafío significativo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en España. Según datos del Ministerio de Trabajo, el SMI ha experimentado un incremento del 47% desde 2019, pasando de 900 a 1.080 euros mensuales en 2023. Aunque esta medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, para las pymes ha representado un incremento considerable en sus gastos operativos, especialmente en sectores con baja rentabilidad, como la hostelería o el comercio minorista, donde los márgenes son ajustados.
Las recientes reformas laborales también han complicado la situación. La obligatoriedad de convertir los contratos temporales en indefinidos, junto con el endurecimiento de las condiciones para aplicar despidos objetivos, ha incrementado los costes laborales de manera indirecta. De acuerdo con un estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el gasto promedio de una pyme en nóminas y cotizaciones sociales ha crecido un 12% anual desde la implementación de estas normativas, dejando a muchas empresas con dificultades para equilibrar sus cuentas.
Esta presión financiera desproporcionada ha llevado a muchas pequeñas empresas a reducir sus plantillas o incluso a cerrar sus puertas. Según el INE, en 2023 el 68% de las pymes declararon que el aumento de costes laborales era su principal preocupación, frente al 54% del año anterior. Sin una estrategia de apoyo específico, como bonificaciones o incentivos fiscales, muchas de estas empresas enfrentan una situación insostenible, comprometiendo su capacidad de crecimiento y su contribución al empleo local.
La caída de la productividad agrava la crisis en las pymes
La reducción de la productividad en las pymes españolas ha mermado significativamente su rentabilidad, afectando su capacidad de inversión y de respuesta ante los desafíos del mercado. El indicador de productividad, medido como el volumen de ventas por empleado, ha experimentado un retroceso del 2,3% interanual en el segundo trimestre de 2024, colocándose un 1,7% por debajo de los niveles prepandemia. Este descenso sostenido refleja un desequilibrio entre el crecimiento del empleo, que aumentó un 2,9%, y el estancamiento en los volúmenes vendidos, limitando las oportunidades de crecimiento sostenible.
Las políticas actuales, como los aumentos en el salario mínimo y las cotizaciones sociales, han incrementado los costes laborales en un 4,5% interanual, un ritmo muy superior al promedio de crecimiento anterior a la pandemia. Este escenario ha golpeado especialmente a las pequeñas empresas, cuyos costes acumulados desde 2021 han crecido un 23,1%. La falta de medidas que amortigüen el impacto de estas cargas financieras está impidiendo a las pymes implementar estrategias que les permitan mejorar su competitividad en un contexto de recuperación aún frágil.
Además, el encarecimiento de la financiación, con tipos de interés que alcanzaron el 4,81% en el segundo trimestre, añade presión a las pymes, dificultando aún más su capacidad para acceder a recursos necesarios. Aunque la demanda de préstamos ha comenzado a recuperarse, las nuevas concesiones de crédito se mantienen un 2,9% por debajo de las cifras de 2019. Este panorama genera una tormenta perfecta para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores costes y menos recursos para revertir su situación.
Medidas normativas que favorecen a las grandes empresas
La reciente reforma laboral en España introduce medidas que, aunque diseñadas para mejorar las condiciones generales del mercado de trabajo, benefician de forma desproporcionada a las grandes corporaciones. Estas empresas tienen mayor capacidad para absorber los costes derivados de la reducción de la temporalidad y la implementación de contratos indefinidos, lo que les permite adaptarse con mayor rapidez a las exigencias legales. A diferencia de las PYMEs, las grandes compañías cuentan con departamentos especializados en recursos humanos y asesoría legal, facilitando la transición hacia el cumplimiento normativo sin comprometer significativamente sus márgenes de beneficio.
Otro punto clave que favorece a las grandes empresas es su acceso a financiamiento en condiciones más ventajosas, incluso en un contexto de encarecimiento del crédito debido al aumento de las tasas de interés en Europa. Estas organizaciones tienen mayor solvencia y prestigio financiero, lo que les permite negociar líneas de crédito más accesibles y a largo plazo. En contraste, las PYMEs, que representan el 99% del tejido empresarial español, enfrentan mayores dificultades para financiar la reestructuración de sus modelos laborales, aumentando su vulnerabilidad frente a la competencia.
Además, la capacidad de las grandes empresas para implementar jornadas laborales reducidas sin sacrificar la productividad es notablemente superior. Su estructura organizativa y el uso de tecnologías avanzadas les permiten optimizar procesos y mantener un alto rendimiento con menos horas de trabajo. Para las PYMEs, en cambio, cumplir con estas normativas puede suponer una carga desproporcionada, obligándolas a operar con recursos más limitados o a asumir costes adicionales para mantener su operatividad, lo que exacerba la desigualdad en el panorama empresarial.
