En ocasiones, los juzgados son más rápidos que los gobiernos para implementar decisiones que llegan desde Europa. En este caso, como lo informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) estos han fallado a favor de reconocer las 8 semanas de baja parental pagada tras la denuncia de uno de los trabajadores del ayuntamiento de Barcelona por no permitirle seguir las directrices sobre el tema marcadas por la Unión Europea. La decisión no solo se trata de 4000 euros que recibirá el denunciante, sino que marca un precedente sobre la decisión del ayuntamiento para el resto de los funcionarios que operan en el país.
«El demandante solicitó un permiso parental retribuido para el cuidado de un hijo menor de 8 años y lo disfrutó entre octubre y diciembre de 2023. Inicialmente, el Ayuntamiento consideró el permiso como retribuido, pero posteriormente cambió su postura y lo declaró como no retribuido, dando lugar a la reclamación judicial», explica en su comunicado la CSIF.
La sentencia apunta por la necesidad de cumplir con la normativa europea sobre conciliación familiar, algo que se repite en el discurso del Gobierno, pero no que se cumplía en las decisiones del anterior ayuntamiento de la Ciudad Condal. «La jueza encargada del caso destaca el carácter vinculante de la normativa europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional», explica la CSIF. Según dice, las disposiciones de la normativa «son incondicionales, suficientemente claras y precisas y atribuyen derechos a los particulares. Además, es innegable que el Estado español no ha traspuesto la directiva antes del plazo correspondiente», insiste en su texto el sindicato.
La sentencia aprobada el miércoles hace dos cosas, además de confirmar el derecho del demandante a recibir los 4.000 euros de indemnización. Por un lado, abre las puertas a que los demás funcionarios de España en situación similar hagan la misma solicitud en cuanto a las bajas parentales, y además pone el foco en el Estado para acelerar el proceso de transponer la directiva europea a las directivas locales, sobre todo en el caso de los funcionarios.
EL CSIF CONSIDERA QUE EL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN HA SIDO DEMASIADO LENTO
«El 27 de junio de 2023, el Gobierno aprobó un decreto sobre esta cuestión que evita de manera expresa el desarrollo de esta prestación con carácter retribuido. CSIF se dirigió al Ejecutivo para que dictara las instrucciones oportunas sobre la obligatoriedad de esta retribución tanto en las administraciones públicas como en el sector privado», explican desde el sindicato, señalando que el proceso de asumir este tipo de cambios estaban en una situación complicada.
En cualquier caso, el sindicato celebra esta decisión precisamente por qué debería obligar al Gobierno a revisar la situación de los trabajadores. Lo cierto es que las bajas parentales son uno de los cambios clave en toda la Unión Europea para permitir una mejor conciliación del trabajo y la vida familiar. Por tanto, que España, que siempre ha defendido la necesidad tanto de la conciliación como de seguir las directivas europeas, se haya retrasado en este punto, es preocupante.
De todos modos, será interesante ver la reacción inmediata tanto del ministerio de trabajo como de las diferentes administraciones. Lo normal es que se reclame al sector privado cuando no se hacen cumplir este tipo de medidas, ahora todo apunta a un error en el sector público que debe ser tomado en cuenta por la administración en el corto plazo. Mientras tanto, insisten en seguir aplicando este tipo de reclamaciones.
«CSIF celebra esta sentencia pionera, aunque sea en primera instancia, y promoverá reclamaciones similares en otros ámbitos de las administraciones públicas para que la justicia cree jurisprudencia sobre esta cuestión», sentencian en el texto tras explicar la situación de los trabajadores.
INSTAN AL GOBIERNO A ACATAR LA SENTENCIA Y ADOPTAR LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE LA BAJA PARENTAL EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES
«En todo caso, entendemos que el Gobierno debe adoptar sin más demora la directiva con carácter retributivo. No se entiende que un Gobierno que ha venido abanderando públicamente el reconocimiento de los derechos para las personas trabajadoras en materia de conciliación, restrinja el disfrute del permiso parental», es la dura conclusión a la que llegan desde el ministerio y que debería permitir que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones.
En cualquier caso será llamativo saber qué decisión se toma en cada instancia, y si el sindicato cumple su promesa de seguir presentando denuncias por este tipo de situaciones. Incluso así es una buena noticia para los trabajadores que poco este tipo de derechos sean asumidos, ya no solo por las empresas privadas, sino también del lado de la administración pública.
