La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales contra los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del programa de Turismo Social del Imserso.
Según denuncia Cehat en una nota de prensa, estos pliegos “lesionan de una forma importante los intereses de las empresas hoteleras y de los trabajadores”, en concreto 350 hoteles en toda España en los que trabajan más de 12.000 personas.
El recurso está fundamentado principalmente en deficiencias de tipo económico, técnico y justificativo como la ausencia de estudio de los costes directos e indirectos de cada uno de los servicios que forman parte del contrato, entre los que se encuentra, como principal, el servicio hotelero.
En concreto, Cehat denuncia que no se ha realizado un estudio real de costes, con aparentes contradicciones y sin base económica demostrable, cuando además se solicitan nuevos servicios obligatorios (animación, médico y ATS o nevera para medicamentos) sin que se haya valorado su coste y su repercusión dentro del precio.
También critican la figura de la ‘rescisión unilateral del contrato por quejas’, sin indemnización para el hotel y sin posibilidad de contradicción, lo que les sitúa como empresas en una situación de indefensión absoluta.
Asimismo, lamentan que los pliegos valoran de forma excesiva la oferta hotelera de 4 estrellas sobre otras ofertas sin ningún tipo de justificación o base, de forma que se expulsa de este programa a otros establecimientos hoteleros que pudieran estar interesados en participar, que cumplen todos los requisitos y que además están muy solicitados y valorados por los usuarios.
Por ello, solicitan al Tribunal Administrativo la anulación de los pliegos y la retroacción de todas las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a su aprobación, solicitando como medida cautelar urgente e inmediata la suspensión de la licitación.
El gran problema es el diseño económico del programa. El sector mantiene que, para evitar las pérdidas, el precio por persona y día debería situarse en el entorno de los 25 euros, cuando actualmente está entre 22,10 y 22,50 euros.
A este respecto, la patronal sostiene que los usuarios finales tienen la capacidad suficiente para asumir este incremento de una forma progresiva durante la vigencia del programa.
