El Sevilla Fútbol Club ha logrado que el Tribunal Supremo admita a trámite su recurso de casación contra una sentencia de la Audiencia Nacional, abriendo un debate crucial sobre la tributación de las comisiones de los agentes de futbolistas. Esta batalla legal se centra en determinar quién debe asumir el pago del IRPF derivado de los servicios prestados por los agentes: ¿el club o el jugador? La decisión del Supremo sentará jurisprudencia y tendrá importantes implicaciones económicas para el fútbol español.
El origen del conflicto: IRPF y comisiones de agentes
El litigio se remonta al periodo entre 2011 y 2015. La Audiencia Nacional, basándose en una sentencia previa, falló a favor de Hacienda, considerando que los pagos del Sevilla FC a los agentes de sus jugadores, por conceptos como la renovación, ampliación, traspaso o rescisión de contratos, debían considerarse rendimientos del trabajo de los futbolistas. En consecuencia, el club debería haber practicado las retenciones correspondientes en el IRPF de los jugadores.
El Sevilla FC, disconforme con esta interpretación, argumenta que los servicios del agente se prestan al club, no al jugador. El club contrata al agente para gestionar la incorporación de nuevos talentos, negociar renovaciones y, en definitiva, configurar la plantilla, una actividad esencial para el desarrollo de su actividad empresarial. Por lo tanto, considera que los pagos realizados a los agentes son gastos deducibles para el club y no forman parte de la remuneración del futbolista.
La clave: la calificación de los hechos imponibles y la facultad de la Administración
El Tribunal Supremo, al admitir el recurso, se centra en un punto clave: la calificación de los hechos imponibles. Debe determinar si la Administración Tributaria, en virtud del artículo 13 de la Ley General Tributaria, puede recalificar la naturaleza de los pagos realizados por el club a los agentes. El Sevilla FC alega que la Administración ha ignorado la naturaleza jurídica del contrato entre el club y el agente, centrándose únicamente en la relación entre el agente y el jugador.
El Supremo deberá analizar si la interpretación de Hacienda se ajusta a la realidad contractual y si respeta la autonomía de la voluntad de las partes. La cuestión radica en discernir si el agente presta sus servicios al club para facilitar la contratación de jugadores o si, por el contrario, actúa como un mero intermediario entre el club y el jugador, prestando sus servicios directamente a este último.
El artículo 13 de la Ley General Tributaria, piedra angular del debate, otorga a la Administración la facultad de calificar los hechos imponibles. Sin embargo, esta facultad no es ilimitada. El Supremo deberá determinar si, en este caso, Hacienda ha excedido sus competencias al recalificar la naturaleza de los pagos, desvirtuando la realidad contractual y vulnerando los derechos del Sevilla FC.
El interés casacional objetivo que el Supremo ha reconocido en este recurso pone de manifiesto la trascendencia del asunto. La decisión que adopte el alto tribunal sentará jurisprudencia, impactando no solo en el Sevilla FC, sino en todos los clubes de fútbol españoles.
