Palma de Mallorca se convierte en el escenario de un juicio estremecedor que destapa la oscura realidad de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Una mujer se enfrenta a una posible condena de siete años de prisión por presuntamente obligar a otra mujer a prostituirse durante un año. La Fiscalía la acusa de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El Ministerio Público relata en su escrito de acusación que los hechos se remontan al año 2017. La acusada, en connivencia con otra mujer aún no identificada, contactó con la víctima en Colombia, ofreciéndole la falsa promesa de un trabajo como dama de compañía en España. Engañada por la perspectiva de una vida mejor, la víctima aceptó la oferta. La acusada, a través de un intermediario, le proporcionó el dinero necesario para el billete de avión. En abril de 2018, la víctima aterrizó en el aeropuerto de Palma, donde la esperaba la acusada. Lejos del trabajo prometido, la víctima fue conducida a un piso donde se ejercía la prostitución.
Una vez allí, comenzó su pesadilla. La acusada le confiscó la documentación y le informó de una supuesta deuda de 6.000 euros por los gastos del viaje, que debía saldar ejerciendo la prostitución. Bajo amenazas y coacción, la víctima se vio obligada a prestar servicios sexuales durante un año entero. La acusada se apropiaba de todas las ganancias obtenidas por la víctima, manteniéndola en una situación de vulnerabilidad y explotación.
La lucha contra la trata
Las redes de trata se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas, a menudo personas en situaciones de precariedad económica o social, con falsas promesas de empleo y una vida mejor.
La legislación española es contundente en la lucha contra este delito. El Código Penal tipifica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual con penas de prisión que pueden llegar hasta los doce años. Además, existen protocolos de actuación y recursos de apoyo para las víctimas, que incluyen asistencia jurídica, psicológica y social.
La vista previa al juicio, que se celebra este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, es un paso crucial en la búsqueda de justicia para la víctima. La Fiscalía solicita para la acusada siete años de prisión y una multa de 7.300 euros. Además, se pide una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos.
