España ha perdido la apelación presentada ante el Tribunal de Apelación de Reino Unido en el caso Antin, relacionado con los recortes a las primas de las energías renovables implementados durante el gobierno de Mariano Rajoy. Esta decisión confirma la sentencia original de 2023, que obliga al Estado español a abonar una indemnización de 101 millones de euros.
El fallo se basa en un laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparado por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), del cual España era signataria. Los receptores de esta indemnización son Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar, quienes adquirieron los derechos del litigio del fondo francés Antin.
La justicia británica rechaza los argumentos de España
El argumento principal de España en su apelación se centraba en la inmunidad soberana, apoyándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estas sentencias establecen que los arbitrajes entre Estados miembros de la UE bajo el TCE son incompatibles con el derecho comunitario. Sin embargo, el Tribunal de Apelación británico ha desestimado esta línea de defensa, basándose en jurisprudencia previa. La corte británica ha reiterado la obligatoriedad de los laudos emitidos por el CIADI, y la obligación de los países firmantes del tratado de reconocerlos y ejecutarlos.
La sentencia británica critica duramente la postura española, argumentando que sus razonamientos «invitan a desviarse del significado ordinario de las palabras utilizadas en la Convención y a subvertir en lugar de aplicar su objeto y propósito». En esencia, el tribunal considera que los intentos de España por invalidar el laudo arbitral carecen de base legal.
Implicaciones y precedentes
El laudo arbitral, emitido en 2019, obliga a España a compensar a las empresas demandantes, ambas del sector de las energías renovables, por los perjuicios derivados de los cambios retroactivos en el régimen de primas e incentivos. Este caso se suma a una lista de más de 25 litigios internacionales que han resultado en el reconocimiento de indemnizaciones por un total de 1.560 millones de euros, a los que se añaden aproximadamente 325 millones de euros en costes judiciales y financieros.
Entre las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables se encuentran importantes actores del sector como NextEra, EDF y E.ON. El caso Antin, con su indemnización de más de 100 millones de euros, sienta un precedente preocupante. Durante 2023 y 2024, las empresas afectadas han solicitado el embargo de bienes del Estado español como medida cautelar ante el impago de los laudos. Tribunales de Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido han fallado a favor de los inversores. En los casos de Bélgica y Reino Unido, ya se ha autorizado la congelación de activos financieros e inmobiliarios.
Si bien España ha obtenido recientemente dos laudos favorables en el CIADI, en los que se reconocía la prevalencia del derecho comunitario y la falta de competencia de los tribunales arbitrales para juzgar disputas de inversión dentro del marco europeo, estos casos, relacionados con las empresas Sapec (Bélgica) y European Solar Farms A/S (Dinamarca), no eliminan la preocupación generalizada en el sector.
