Un presunto yihadista, autodenominado «lobo solitario», se enfrenta a una posible condena de siete años de prisión por delitos de autoadoctrinamiento, autocapacitación terrorista y enaltecimiento del terrorismo. El juicio, que se celebra en la Audiencia Nacional, pone el foco en la creciente amenaza del terrorismo individual y la radicalización online.
El proceso de radicalización y los planes terroristas del acusado
El acusado, A. Hussein, llegó a España en noviembre de 2018 y se estableció definitivamente en 2021. Durante este periodo, según la Fiscalía, experimentó un proceso de radicalización a través de internet. Este proceso lo llevó a adoptar la ideología de la yihad violenta y a autocapacitarse para llevar a cabo acciones terroristas, llegando incluso a planificar su ejecución.
La investigación policial destapó un historial preocupante. En 2022, Hussein buscó información sobre el atentado perpetrado en un carnaval en Bélgica, donde un terrorista atropelló a un grupo de personas, causando seis muertes. Tras este episodio, comenzó a investigar cómo alquilar una furgoneta o un monovolumen, lo que sugiere la planificación de un atentado similar.
Además, el Ministerio Público destaca que el acusado ya había sido detectado en 2015 en la frontera entre Turquía y Bulgaria en compañía de otras tres personas, una de las cuales fue posteriormente reclamada por las autoridades noruegas por su presunta participación en un atentado en un pub LGTBI en Oslo en junio de 2022. Otro de sus acompañantes fue identificado como autor de un ataque terrorista a una comisaría de policía en Chechenia. Estos vínculos subrayan la peligrosa red de contactos del acusado dentro del entorno yihadista internacional.
En octubre de 2020, Hussein intentó nuevamente acercarse al territorio controlado por el DAESH. Los investigadores encontraron conversaciones de mensajería en su teléfono que revelaban su deseo de migrar a un país musulmán y su intento de comprar una propiedad en Turquía, país fronterizo con la zona ocupada por el DAESH en aquel momento. Estas acciones demuestran su determinación por unirse a la organización terrorista y participar activamente en la yihad.
La evidencia digital
El registro de su vivienda en Alicante proporcionó pruebas digitales irrefutables de su radicalización y sus planes terroristas. La policía encontró en su teléfono móvil más de 157.800 archivos multimedia, incluyendo imágenes, vídeos y audios, y más de 1.100 documentos. Gran parte de este material provenía de medios de comunicación afines a organizaciones terroristas yihadistas. Entre los archivos, se encontraron manuales para la fabricación y el uso de armas y artefactos explosivos, lo que confirma su intención de cometer actos violentos.
La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión por el delito de autoadoctrinamiento y autocapacitación terrorista, y otros tres años por enaltecimiento del terrorismo. Además, pide 16 años de libertad vigilada para garantizar el control del acusado tras su salida de prisión y minimizar el riesgo de reincidencia.
