Desde hace semanas la situación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como Madrid 360 es delicada. No solo hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que las limitan al menos parcialmente, sino que los conductores de la capital, que protestaron en la Puerta de Alcalá el sábado pasado, están aprovechando el momento para presionar en contra de la ordenanza, que si el ayuntamiento consigue su meta solo permitirá la entrada de los vehículos con etiquetas ambientales Eco o Cero al centro de la capital y a la zona de Ciudad Lineal.
Pero en esta situación, la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones (AVARM), que presentó uno de los dos recursos que generó una sentencia del TSJM, está aprovechando el primer paso que dio el ayuntamiento para enfrentar crear una nueva ordenanza sobre Madrid 360, una consulta a través del portal Madrid Decide, en la que esperan escuchar las opiniones de los ciudadanos sobre las medidas para reducir las emisiones de carbono en la ciudad.
En un mensaje enviado a través del grupo de Telegram de los miembros de la asociación, han dado las instrucciones para registrarse en la web del ayuntamiento y votar en la encuesta, no solo con las respuestas que permite la plantilla, sino a través de un documento que piden adjuntar en la opción que da la web para ello. Pero la decisión va más allá y en su web ya anunció que se personarán para solicitar la impugnación de la consulta y de la nueva ordenanza, pues insisten en que ambas violan principios recogidos en la Constitución española.
En lugar de las prohibiciones de entrada de vehículos contaminantes al centro AVARM pide a sus miembros que recomienden en la consulta «Utilizar sistemas de inteligencia artificial para controlar la fluidez del tráfico y reducir el impacto de los atascos en las emisiones, introducir el reconocimiento y la promoción de las «retro adaptaciones» en vehículos, subvencionar a las empresas que tengan planes de teletrabajo, y/o servicio de autocar destinados al traslado de sus trabajadores, sustitución de la flota de automóviles oficiales del ayuntamiento por cuatriciclos ligeros y la creación de una red de micro paradas para taxis».
Además, la asociación, como no podía ser de otra forma, pide a sus miembros que respondan de forma negativa a las preguntas sobre prohibir el uso de vehículos contaminantes en ciertas zonas de la capital. En el fondo, no es más que el uso político de la estrategia de ‘Review bombing’, que usan los cinéfilos en portales como Rotten Tomatoes o Metacritic cuando quieren castigar una cinta que no cumple con sus expectativas.
EL AYUNTAMIENTO SIGUE CREYENDO EN LAS ZBE Y EN MADRID 360
Desde el Ayuntamiento de Madrid la apuesta por las Zonas de Bajas Emisiones se mantiene. Lo cierto es que las emisiones de carbono en la capital se han reducido en el tiempo en el que Madrid Central o Madrid 360 han estado activas, además que han funcionado para reducir el tráfico en estas zonas y son de las pocas medidas defendidas a partes iguales por las plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt, y por los taxistas. Además, hay dos incentivos económicos para seguir con esta estrategia.
Por un lado, las multas han acumulado 330 millones de euros recaudados por el ayuntamiento, y por otro, los fondos Next Generation de la Unión Europea exigen reducir los niveles de contaminación a las grandes ciudades que los solicitan. Es un equilibrio difícil de alcanzar sin tomar medidas radicales y es algo que han entendido en el ayuntamiento desde que el PP asumió el ayuntamiento en 2019.
Por eso están apurando la nueva ordenanza, y por eso han recurrido al menos una de las sentencias del TSJM, la que vino del recurso de Vox. En esa situación se encuentra el ayuntamiento, pero el objetivo es que las medidas se mantengan y se sigan los pasos de la ordenanza actual, como lo han asegurado en público Almeida y Carabante.
ESPALDARAZO TAMBIÉN DEL GOBIERNO
Además, la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones es uno de los pocos casos en los que Madrid ha conseguido ponerse de acuerdo con el Gobierno nacional. Tras la primera sentencia del TSJM apoyaron la decisión de recurrirla y desde el ministerio de Transportes que preside Óscar Puente el mensaje ha sido claro: «las ZBE han demostrado su eficiencia para reducir la contaminación y la congestión, y mejorar la movilidad, la salud y la vida de los ciudadanos».
De momento las medidas, las sanciones y las molestias de algunos sectores se mantienen. El ayuntamiento sigue avanzando en su plan de una nueva ordenanza, para la que tiene la mayoría más que necesaria, y todo apunta a que su deseo es seguir apostando por medidas similares.
