Un empresario español de origen marroquí ha sido detenido por la Policía Nacional en Asturias por explotación laboral a trabajadores inmigrantes en situación irregular. La detención se produjo el 9 de octubre tras una exhaustiva investigación llevada a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El empresario engañaba a sus víctimas con la falsa promesa de regularizar su situación en España a cambio de importantes sumas de dinero, sometiéndolos a condiciones laborales inhumanas y peligrosas.
El modus operandi del empresario
La investigación policial se inició tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató cómo el empresario le exigió 5.000 euros a cambio de regularizar su situación en España. Una promesa que, como se descubriría más tarde, nunca se materializaría. A partir de esta denuncia, los agentes destaparon una red de explotación laboral que afectaba a varios trabajadores, todos ellos de origen marroquí y en situación irregular.
El modus operandi del empresario era simple pero efectivo: se aprovechaba de la desesperación de los inmigrantes por regularizar su situación y les ofrecía un trabajo con la falsa promesa de tramitar los permisos necesarios. Una vez bajo su control, los sometía a jornadas extensivas de más de 12 horas diarias, los siete días de la semana, en labores de talado de árboles y desbroce de montes.
Las condiciones de trabajo eran deplorables. A pesar de la peligrosidad inherente a las tareas que realizaban, utilizando maquinaria como desbrozadoras y motosierras, los trabajadores contaban con un equipo de protección totalmente inadecuado, que se limitaba a una simple visera para proteger la cara. Además, carecerían de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo en grave peligro su integridad física.
Salarios miserables y consecuencias legales
A la explotación laboral en términos de jornadas y seguridad se sumaba la explotación económica. Los trabajadores percibían un salario miserable que rondaba los 700 euros mensuales, pagados en efectivo, muy por debajo del salario mínimo interprofesional y sin las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes. Esto les privaba de cualquier tipo de protección social y les condenaba a una situación de precariedad absoluta.
Este caso de explotación laboral pone de manifiesto la necesidad de reforzar la inspección de trabajo y de implementar medidas más contundentes para luchar contra la economía sumergida. Es crucial concienciar a la sociedad sobre la gravedad de estas prácticas y la importancia de denunciar cualquier sospecha de explotación laboral.
Las consecuencias legales para el empresario detenido pueden ser graves. Se enfrenta a penas de prisión y a sanciones económicas por delitos contra los derechos de los trabajadores, además de la obligación de indemnizar a las víctimas por los daños causados.
