La transformación digital es uno de los grandes retos que enfrentan hoy en día las empresas españolas. Para impulsarla, el Gobierno puso en marcha un programa de ayudas con una dotación de 1.150 millones de euros entre 2015 y 2022. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha denunciado que solo se llegaron a ejecutar 498 millones de euros, apenas el 43% del presupuesto total.
Este informe de fiscalización del programa 467G «Investigación y desarrollo de la sociedad de la información» revela que las dificultades en la tramitación de las ayudas, los retrasos en la comprobación de requisitos y la falta de objetivos e indicadores apropiados han lastrado la eficacia de este ambicioso plan de digitalización empresarial.
La Ineficiencia de las Ayudas a la I+D Digital
El principal objeto del programa era fomentar la digitalización de las administraciones públicas y el tejido productivo empresarial. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala que el grado de ejecución ha sido escaso, manteniéndose en niveles similares a lo largo de los distintos ejercicios.
Esto es especialmente preocupante en lo que respecta a las ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales de investigación industrial y desarrollo experimental en tecnologías digitales. Según el informe, solo tres de cada diez de estos proyectos subvencionados han cumplido de forma satisfactoria con los requisitos técnicos y administrativos.
Parte de estos incumplimientos se debieron a la dificultad en la tramitación de las ayudas y a retrasos en la comprobación como consecuencia de la pandemia. Además, el Tribunal considera que el programa 467G presenta deficiencias de configuración y carece de objetivos e indicadores apropiados.
Reestructuraciones Ministeriales y Externalización de la Gestión
Otro factor que ha afectado a la coherencia y coordinación de este programa han sido las reestructuraciones de los departamentos ministeriales y las diferentes adscripciones orgánicas de los centros gestores a lo largo de estos años.
Además, el organismo advierte que se externalizó buena parte de los servicios de gestión de las ayudas, llegando a representar el 60% del gasto externo. Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda extremar el control y reconfigurar el contenido del programa, estableciendo nuevos objetivos e indicadores que permitan medir con mayor precisión el impacto de estas inversiones en la transformación digital de las empresas españolas.
En definitiva, este informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar el diseño y la ejecución de las ayudas públicas destinadas a impulsar la digitalización del tejido empresarial, un reto clave para aumentar la competitividad y productividad de nuestras empresas en un entorno cada vez más digital.
