El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido recientemente el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias el pasado 2 de septiembre, el cual establecía que las organizaciones no gubernamentales (ONG) no podrían recibir a menores migrantes no acompañados que llegaran de manera irregular a las islas sin el conocimiento previo y la autorización expresa de las autoridades autonómicas. Esta decisión ha generado una gran preocupación en torno a la atención y protección de este colectivo vulnerable.
La Sección II de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con sede en Las Palmas, ha aceptado la medida cautelar provisionalísima solicitada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. De esta manera, se suspende el acuerdo del Gobierno canario, lo que implica que los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias deberán ser recepcionados «de manera automática» en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras, sin necesidad de la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes.
La preocupación por el bienestar de los menores migrantes
El auto del TSJC señala que el acuerdo del Gobierno canario «altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable». Por ello, el tribunal ha considerado que existe «especial urgencia» en la adopción de esta medida cautelar.
Es importante destacar que esta suspensión del acuerdo del Gobierno de Canarias es un proceso diferente al que se siguió en la Sala de Tenerife, donde se suspendió el pasado 20 de septiembre el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados de Canarias, en línea con la petición de medidas cautelarísimas planteada por la Fiscalía Superior de Canarias por supuesta vulneración de derechos.
Implicaciones y próximos pasos
El auto del TSJC no supone el cierre definitivo del procedimiento, sino que únicamente da respuesta a la petición de suspensión con carácter provisionalísimo, sin dar audiencia a la parte por motivos de extrema urgencia. Esto significa que se abre una nueva fase en la que el Gobierno de Canarias podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.
En resumen, la suspensión del acuerdo del Gobierno de Canarias sobre la recepción de menores migrantes no acompañados ha generado una situación de preocupación en torno a la protección y atención de este colectivo vulnerable. El fallo judicial ha alterado el procedimiento establecido hasta el momento, lo que plantea importantes implicaciones que deberán ser abordadas en los próximos pasos del proceso.
