La Fundación IDIS, un prestigioso think tank en temas de salud, ha publicado un informe exhaustivo que analiza los desafíos que enfrentaría el sistema sanitario español si no se renueva el modelo de mutualismo administrativo. Este mecanismo de cobertura es clave para el régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios públicos, quienes acceden a las prestaciones a través de sus respectivas mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).
El informe ‘Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario’ examina las potenciales repercusiones que, bajo determinadas hipótesis, podrían darse en España en caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse. Esta situación extrema surgiría si las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo para garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema, una vez finalice la vigencia del actual contrato en diciembre de este año.
El Valor del Mutualismo Administrativo
La Fundación IDIS destaca que el mutualismo administrativo mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto, teniendo en cuenta que la prima media del mutualista (1.013 euros) es 723 euros inferior a lo que se invierte en el régimen general (1.736 euros).
Además, mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho solo un 32%, lo que produce pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio.
Por ello, la Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar la prima de este convenio, de manera que garantice que las aseguradoras puedan cubrir de forma equilibrada los costes económicos y de prestaciones sanitarias que requiere la cobertura de este colectivo. De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo, poniendo en riesgo su continuidad.
Consecuencias de la no Renovación del Mutualismo
En caso de que la renovación del modelo no llegara a producirse, el análisis muestra las graves consecuencias que tendría este escenario. En primer lugar, se produciría el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública, lo que afectaría directamente al modelo asistencial, incrementando un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria.
Además, se vería afectada la ratio de urgencias, y se provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías. Esto generaría una situación de colapso en algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja.
Para contrarrestar esta saturación, el sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual a nivel nacional. En términos de gasto, el cambio del modelo actual supondría un aumento del gasto sanitario público de 1.214 millones de euros anuales, es decir, un 1,3% del presupuesto actual.
Impacto en el Empleo y la Actividad Privada
Más allá de las repercusiones directas en la sanidad pública, el informe también analiza otros impactos significativos. Se estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado, y la reducción de la utilización de camas privadas, lo que llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias.
La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, concluye que «los datos que nos ofrece este análisis, junto al hecho de que una gran mayoría de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad, corroboran los beneficios que este modelo bien consolidado viene aportando, lo que nos hace defender su existencia y su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración».
