La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a España y otros 16 Estados miembro de la Unión Europea por no haber transpuesto a su legislación nacional la directiva que obliga a las grandes empresas a presentar informes sobre su impacto medioambiental.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de la UE por lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas de las empresas en materia de sostenibilidad. La directiva introduce nuevas normas sobre información no financiera, obligando a las grandes empresas y a las que cotizan en bolsa a revelar detalles sobre los riesgos sociales y medioambientales a los que se enfrentan y el impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente.
LA FALTA DE TRANSPOSICIÓN RETRASA LA ARMONIZACIÓN EN LA UE
Los 17 Estados miembro afectados, que incluyen a Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía, aún no han comunicado la transposición completa de las disposiciones de la directiva a su legislación nacional dentro del plazo previsto, que expiró el 6 de julio de 2024.
La falta de armonización a nivel europeo impide que los inversores puedan tener en cuenta el desempeño de las empresas en materia de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Esto se debe a que las nuevas normas de presentación de informes se aplican a partir de los ejercicios financieros que comiencen el 1 de enero de 2024 o después de esa fecha.
LA COMISIÓN EUROPEA DA PLAZO DE DOS MESES PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS
Ante esta situación, la Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento a los 17 países, dándoles un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas. Si no se logra una respuesta satisfactoria, la Comisión puede llevar a los gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La directiva de informes de sostenibilidad empresarial es una pieza clave en los esfuerzos de la UE por promover la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en materia de impacto social y medioambiental. Su adecuada transposición a la legislación nacional de todos los Estados miembro es fundamental para alcanzar los objetivos de armonización y protección del medio ambiente a nivel europeo.
