La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mantenido una reunión con el nuevo secretario de Estado de Educación, Adelardo de la Rosa Díaz, con el objetivo de iniciar la negociación de las cuestiones pendientes en materia de personal. En esta reunión, la organización sindical ha expresado su preocupación por la ausencia de una negociación efectiva a nivel nacional y los efectos que esto tiene en las condiciones laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas.
En un ambiente de colaboración, los representantes de CSIF han recordado los «problemas endémicos» del sistema educativo que, a su juicio, deben abordarse a través de un pacto, como la reducción de las ratios, el aumento de los recursos, la reducción del déficit de plantillas, el cumplimiento del objetivo de estabilidad de las plantillas o la eliminación de las diferencias de criterio entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
La Necesidad de un Pacto de Estado para la Educación
Los responsables de CSIF también manifestaron su preocupación por las dificultades del Gobierno para alcanzar acuerdos estables en el Parlamento, las dudas sobre la aprobación de unos presupuestos para 2025 y los problemas de financiación que afectan a las diferentes comunidades autónomas debido a la falta de consenso en este ámbito.
Además, abordaron los problemas específicos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la educación en el exterior, dependientes del ámbito de gestión del Ministerio, y que «requieren una línea de trabajo específica para la mejora de las condiciones laborales».
En este sentido, CSIF aboga por un pacto de Estado que permita una mayor inversión en el docente, apartando los criterios políticos coyunturales, mejorando las condiciones laborales e impulsando de manera definitiva el Estatuto Docente.
El Compromiso de CSIF: Lealtad y Posición Constructiva
El sindicato asegura que «trabajará desde la lealtad y una posición constructiva«. No obstante, advierte que, si no se producen avances, llevarán a cabo movilizaciones en defensa de los intereses legítimos del profesorado y por la calidad de la educación pública.