El Gobierno Vasco mejorará la información a las víctimas sobre los cambios en la situación penitenciaria de sus victimarios

En una decidida acción por consolidar una memoria deslegitimadora, crítica e inclusiva del pasado, la Consejera Vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha anunciado la implementación de un nuevo protocolo que busca mejorar la información recibida por las víctimas sobre los cambios en la situación penitenciaria de sus victimarios. Además, ha informado sobre la inminente instauración de un régimen sancionador contra la exhibición pública de símbolos de ETA y otros grupos terroristas.

Fortalecer el Vínculo entre Persecución del Delito y Atención a Víctimas

La Consejera se ha mostrado decidida a fortalecer el vínculo entre la persecución del delito y la atención a las víctimas, utilizando la gestión penitenciaria como puente. Con ese fin, ha afirmado que se promoverá «el reconocimiento del daño causado y su injusticia, garantizando el derecho constitucional a la reinserción«.

El objetivo es que el condenado «comprenda el motivo de su condena y cuál es su responsabilidad«, y que las víctimas de cualquier tipo de delito «sientan que existe una reparación para el daño recibido en la medida de lo posible«. Para lograr esto, la Consejera ha anunciado que se actualizará la ‘Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa’ con el fin de «avanzar en una mejor conexión entre las áreas de Justicia e Instituciones Penitenciarias en el marco de la ejecución penitenciaria«.

Reformas en la Comunicación y Administración Penitenciaria

Otro de los focos de acción de la Consejera será mejorar las comunicaciones de progresión de grado a los reclusos, las cuales se realizarán en ambas lenguas oficiales de Euskadi, euskera y castellano. Hasta ahora, esta medida se aplicaba solo a los condenados por terrorismo, excluyendo al resto de la población reclusa, que es la «inmensa mayoría«.

En el ámbito administrativo, San José ha explicado que se va a dotar a la administración penitenciaria –integrada por 800 trabajadores y tres prisiones que albergan a 1.600 reclusos– de una nueva estructura, a través de la creación de la Dirección de Servicios Penitenciarios. Asimismo, espera que antes de fin de año pueda aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo de la administración penitenciaria vasca.