Errejón bromea sobre el plan de Feijóo para la semana laboral de 4 días: «Oye las campanas, pero no sabe dónde»

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha ironizado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido entrar en el debate sobre la reducción de jornada, pero «como le suele pasar oye campanas y no sabe dónde», dado que su propuesta no va en la senda de la que propone Sumar ni el Ministerio de Trabajo.

Errejón ha desglosado que la propuesta de Sumar es la reducción de jornada laboral sin reducción de sueldo, para garantizar una jornada de 37 horas y media sin reducción de salario para todos los trabajadores. Ha defendido que este criterio es bueno para la economía y la conciliación de los trabajadores, y ha añadido que una vez se apruebe esa reducción de jornada, también la podrán disfrutar los votantes del PP.

Ante las palabras de Feijóo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que se sentará a dialogar sobre la reducción de la jornada laboral con el PP.

El debate sobre el acceso a la vivienda

Por otro lado, Errejón ha proclamado que el rechazo a la proposición de ley para limitar el alquiler de temporada se ha convertido en un «boomerang», pues ha conseguido que se vuelva a abrir el debate sobre las mejoras del acceso a la vivienda.

Ha relatado que existe un «clamor social» que se llevará «por delante» a los que pretendan quedarse quietos y no aplicar políticas en este sector, como regular los pisos turísticos, prohibir la compraventa de vivienda con fines especulativos y regular el precio del alquiler.

En este sentido, ha replicado que el Ministerio de Vivienda, que no se ha movido mucho al respecto hasta ahora, ahora anuncia una ventanilla única para recoger los datos sobre alquiler de temporada, algo «claramente» insuficiente para Sumar.

Además, ha advertido de manera rotunda que el plan para construir más vivienda pública se quedará «cojo» si no garantiza que éstas no van a acabar pasados los años en «manos privadas». Por ello, Errejón ha demandado elevar la vivienda pública hasta el 20% del total del parque residencial y prohibir la enajenación de esos pisos al sector privado.