La patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, Pimec, ha alertado de que la propuesta del Gobierno de prohibir a las comercializadoras realizar llamadas comerciales a clientes potenciales, a menos que exista una petición expresa, impedirá avanzar en el camino de la libre comercialización en España e irá en detrimento del consumidor.
En su escrito de alegaciones, la patronal destaca, como han hecho otras asociaciones de empresas del sector eléctrico, que esta medida “implicaría claramente que las comercializadoras con una cuota de mercado dominante verían reforzada su posición de mercado y consolidarían sus cuotas”, según informa ‘Expansión’. Además, pone el foco en los efectos negativos para el consumidor y advierte de que “tendría menos alternativas y acabaría pagando un precio más alto”.
La propuesta, recogida en un Proyecto de Real Decreto, ha despertado el rechazo de las comercializadoras medianas o independientes de grandes grupos porque lo ven un ataque directo a la libre competencia. Aunque están de acuerdo en velar por la protección del consumidor y controlar que haya buenas prácticas, constatan que esta normativa “resulta del todo excesiva y desproporcionada”.
Desde Pimec, también hacen hincapié en que la Ley General de Telecomunicaciones ya recogió en junio de 2023 un régimen normativo más protector con los consumidores, estableciendo de forma clara su derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales salvo que exista consentimiento previo para recibirlas.
Asimismo, exponen que la propuesta no está debidamente justificada ni motivada y añaden que tampoco se justifica dicha medida de conformidad con ninguna directiva europea. Es más, señalan que no hay precedentes en los países de la Unión Europea que contemplen este tipo de medida “tan restrictiva”. “La regulación del sector eléctrico está cercando cada vez más la posibilidad de acercarse y ofertar a un consumidor final”, reflexionan en sus alegaciones.
