El Gobierno de Canarias ha tomado una medida decisiva al enviar un requerimiento al Gobierno central, advirtiendo sobre una «acumulación de incumplimientos» en la gestión y atención de los menores migrantes no acompañados que han llegado al archipiélago. Esta acción refleja la creciente preocupación de la comunidad autónoma por la falta de responsabilidad del Estado en un asunto que les concierne directamente.
Según el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, desde Canarias se entiende que «no se están contemplando todos los aspectos legales» que le corresponden al Estado en relación con estos menores extranjeros no acompañados. Esta declaración pone de manifiesto la percepción de que el Gobierno central no está cumpliendo con sus obligaciones legales y responsabilidades hacia este vulnerable grupo de población.
Canarias Exige Acciones Legales y Judiciales
El Gobierno de Canarias ha dado un plazo de 30 días al Estado para que presente sus alegaciones. Una vez finalizado este periodo, la comunidad autónoma está dispuesta a ejercer las «acciones legales y judiciales» que consideren adecuadas a través de sus servicios jurídicos. El objetivo es lograr que el Estado asuma plenamente sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, ya que, como ha explicado Alfonso Cabello, «son su responsabilidad y están obligados a ocuparse«.
Esta determinación del Gobierno de Canarias refleja la necesidad de hacer valer los derechos de este colectivo vulnerable y garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones legales. La comunidad autónoma está dispuesta a tomar medidas legales para exigir que el Gobierno central asuma su responsabilidad y brinde la atención y protección adecuadas a los menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas.
Un Llamado a la Responsabilidad del Estado
La decisión del Gobierno de Canarias de enviar un requerimiento al Gobierno central y amenazar con acciones legales y judiciales refleja la urgencia de abordar esta problemática. Los menores migrantes no acompañados representan un desafío humanitario y legal que requiere una respuesta coordinada y eficaz por parte de las autoridades competentes.
Al exigir que el Estado cumpla con sus responsabilidades, Canarias está poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor colaboración y compromiso por parte del Gobierno central. Esta acción también subraya la importancia de garantizar los derechos y el bienestar de los menores migrantes no acompañados, quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
La resolución del Gobierno de Canarias es un llamado a la responsabilidad del Estado y una muestra de la determinación de la comunidad autónoma por velar por los derechos y la protección de este colectivo. Esperamos que esta medida logre impulsar una respuesta más efectiva y comprometida por parte del Gobierno central, en línea con las obligaciones legales y humanitarias que le corresponden.
