El Ministerio del Interior de España ha anunciado una medida controversial en relación con los solicitantes de asilo que alegan ser ciudadanos saharauis perseguidos y que han sido retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que aquellos cuya solicitud de protección internacional no sea avalada por la ley serán «deportados» o «devueltos» a su país de origen.
Esta decisión llega en medio de denuncias de organizaciones políticas y abogados defensores de los solicitantes, quienes afirman que se trata de activistas saharauis perseguidos que corren peligro si son repatriados. Según estos, algunos de los retenidos han estado en prisión y han sido torturados en sus países, lo que debería ser motivo suficiente para otorgarles el estatus de refugiados.
Cumplimiento de la Ley, Prioridad del Gobierno
El ministro del Interior ha enfatizado que su Ministerio se atendrá al cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, recalcando que cualquier decisión al respecto deberá contar con el aval de los órganos judiciales. Desde su perspectiva, solo aquellos que cumplan con los requisitos legales para obtener protección internacional podrán permanecer en España; de lo contrario, serán devueltos a sus países.
Esta posición del Gobierno ha sido criticada por Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, ha denunciado las «condiciones inhumanas» que padecen los solicitantes retenidos en el aeropuerto. Belarra sospecha que el Ejecutivo no acepta las peticiones de acogida para «no molestar» a Marruecos, al que ha calificado de «dictadura».
Situación Actual y Preocupaciones Humanitarias
Según las fuentes del Ministerio del Interior, en la sala de asilo del aeropuerto de Barajas se encuentran actualmente 57 ciudadanos marroquíes, de los cuales diez habían comunicado su decisión de iniciar una huelga de hambre, aunque solo cinco la habían llevado a cabo hasta el momento.
El Ministerio ha asegurado que el personal sanitario está monitoreando permanentemente la situación de los solicitantes, por si fuera necesaria asistencia específica, aunque hasta el momento no se ha requerido.
Por su parte, la abogada del grupo en huelga de hambre, Fatma El Galia, ha denunciado que hay casi una treintena de saharauis que han pasado su primera noche en esta protesta en el aeropuerto de Barajas. Según ella, sus defendidos «alegan y prueban» que son «activistas saharauis perseguidos» y que «algunos han estado en prisión y han sido torturados», lo que debería ser motivo suficiente para solicitar protección internacional.
En resumen, la situación de los solicitantes de asilo saharauis en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha generado controversia y preocupación tanto en el ámbito político como en el jurídico y humanitario. Mientras el Gobierno insiste en el cumplimiento de la ley, las organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian el trato inhumano y la falta de protección a estos ciudadanos que alegan ser perseguidos en sus países de origen.
