El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro aseguró este miércoles en su declaración como testigo en el juicio del `procés´ que el uso de locales de titularidad pública como colegios electorales en el referéndum del 1 de octubre constituye, bajo su punto de vista, una “prevaricación”.
Montoro respondió al fiscal Javier Zaragoza sobre una entrevista que concedió en abril de 2018 al diario El Mundo, en la que dijo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público».
El que fuera responsable de Hacienda se reafirmó que la intervención de las cuentas a la que estaba sometida la Generalitat hacía imposible que se convocara un referéndum con un presupuesto público “y eso es lo que quise transmitir, que no se podía convocar materialmente el referéndum porque la autoridad convocante no tenía presupuesto ¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin presupuesto público?”.
En cambio, Montoro ve “indicios de prevaricación” en que unos funcionarios públicos covoquen a un acto ilegal para el que abren locales públicos. «Eso que significa que se están usando recursos públicos para un acto que se ha declarado ilegal judicialmente. Para mí, ese es un argumento claro de prevaricación”.
En cualquier caso, advirtió Montoro, su afirmación de que no hubo presupuesto destinado a la celebración del referéndum no contabiliza, por ejemplo, la publicidad institucional o las actividades de Diplocat, “que están denunciadas por el Ministerio de Hacienda”.
