En una audaz iniciativa que busca reequilibrar la distribución de la riqueza, el sindicato ELA (Euskal Langile Abertzaleak) ha presentado una propuesta para establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más elevado en las comunidades de País Vasco y Navarra. Bajo el liderazgo de su secretario general, Mitxel Lakuntza, y con el apoyo de la experta Roser Espelt, ELA ha trazado un ambicioso plan que busca alcanzar un SMI equivalente al 65% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal per cápita de la región.
Esta propuesta, que ELA planea impulsar a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en los parlamentos vasco y navarro, representa un desafío a los actuales esquemas de fijación del salario mínimo a nivel nacional. El sindicato argumenta que el SMI impuesto desde España «no da ni para vivir», y que es necesario adoptar un enfoque más justo que tenga en cuenta la riqueza generada en la economía vasca y navarra.
UNA PROPUESTA TRANSFORMADORA
Según los cálculos de ELA, la aplicación de este nuevo SMI del 65% del PIB nominal per cápita llevaría el salario mínimo a 1.795 euros brutos mensuales para 2024, una cifra similar a la de países como Bélgica o Alemania. Esto supondría un aumento significativo respecto al actual SMI en España, el cual, según el sindicato, se queda «muy por debajo» del nivel necesario para garantizar un mínimo de bienestar.
La implementación de este nuevo SMI, argumenta ELA, tendría consecuencias positivas tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas. Por un lado, beneficiaría especialmente a los sectores más precarios, como los servicios y los cuidados, reduciendo la brecha entre mujeres y hombres, y entre personas migrantes y autóctonas. Por otro lado, el sindicato estima que el 67,71% de las empresas no se verían afectadas por la subida, concentrándose el impacto en el sector industrial, que es el que más invierte y exporta.
OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES Y DESAFÍOS POLÍTICOS
Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta propuesta no está exento de desafíos. ELA reconoce la existencia de un «obstáculo competencial» que dificulta la fijación de un SMI propio para País Vasco y Navarra, ya que actualmente esta competencia recae en el ámbito estatal.
Para superar este obstáculo, el sindicato ha decidido impulsar una ILP que solicite a los parlamentos vasco y navarro la transferencia de competencias necesaria para establecer un SMI diferenciado. Esto implicaría modificar el artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores, lo que requeriría mayorías parlamentarias tanto a nivel autonómico como en el Congreso de los Diputados.
En este contexto, ELA ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, especialmente al PNV y a EH Bildu, para que incluyan esta demanda en su agenda política. Según Lakuntza, «aquellos partidos que defienden el ámbito vasco de decisión tienen difícil decir no a una propuesta que está directamente ligada con la soberanía y el autogobierno de este país».
UNA APUESTA POR EL «SOBERANISMO SOCIAL»
Más allá de las implicaciones prácticas, ELA considera que esta propuesta de SMI representa un ejercicio de soberanismo social, enmarcado en su apuesta por un marco propio de protección social para País Vasco y Navarra. Lakuntza ha señalado que «no es una demanda cualquiera» y que su implementación tendría un efecto transformador en la vida de muchos trabajadores.
En los próximos meses, ELA llevará a cabo una campaña de divulgación y movilización entre sus militantes y en los centros de trabajo, con el objetivo de dar a conocer y ganar apoyo para esta propuesta. La meta del sindicato es lograr que el nuevo SMI se convierta en una realidad tangible para los trabajadores de estas comunidades, en un esfuerzo por reequilibrar la distribución de la riqueza y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
