España expresará su preocupación ante la Unión Europea por la propuesta de la Comisión Europea de reducir significativamente las cuotas de pesca de anchoa en las aguas atlánticas ibéricas para los años 2024 y 2025.
Según el Gobierno español, esta medida sería «drástica e injustificada«, ya que no se ajustaría a la información científica actual sobre el estado de la población de anchoa en esa región. La delegación española buscará debatir esta problemática con el resto de los Estados miembros de la UE en la próxima reunión de ministros de Pesca.
El Gobierno español considera que la reducción de cuotas planteada por la Comisión Europea podría tener graves consecuencias socioeconómicas y sociales para la flota pesquera del golfo de Cádiz, pues podría provocar el cierre «prácticamente inmediato» de la pesquería en esa zona y dejar a la flota amarrada en puerto hasta junio de 2025.
LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea ha propuesto establecer una condición especial en la que las capturas de anchoa en la parte sur de la zona del TAC (Total Allowable Catch o Cuota Total Admisible) situada en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica «no podrán superar las 969 toneladas«. Esta medida se basaría en el dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en inglés) sobre el estado de la población de anchoa en esa zona.
Además, la Comisión Europea propone que este TAC y la condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024. Según fuentes diplomáticas, de aprobarse esta propuesta, provocaría el cierre de la pesquería prácticamente de forma inmediata en el golfo de Cádiz y obligaría a la flota a permanecer amarrada en puerto hasta junio de 2025.
Lo que critica España es que el dictamen del CIEM divida en dos componentes diferentes la población de anchoa, cuando la base científica actualmente disponible señala que solo hay un stock en esas aguas. Esto, a juicio del Gobierno español, se utiliza para alegar que la zona sur se encuentra en peor estado y justificar las medidas concretas de reducción de cuotas.
LA REACCIÓN DE ESPAÑA
Ante esta situación, España llevará el próximo lunes a Bruselas su preocupación y alegará que la propuesta de la Comisión Europea carece de «base legal suficiente«. Así, a petición de la delegación española, los ministros de Pesca de la UE debatirán en su reunión del 23 de septiembre la propuesta de la Comisión para actualizar las posibilidades de pesca para 2024 y 2025, con el fin de tener en cuenta los últimos dictámenes científicos.
España considera que la división de la población de anchoa en dos componentes realizada por el CIEM no se ajusta a la información científica actual, la cual señala la existencia de un único stock en esas aguas. Por lo tanto, la delegación española buscará incluir este argumento en el debate con el resto de Estados miembros, con el objetivo de cuestionar la base científica utilizada por la Comisión Europea para sustentar su propuesta de drástica reducción de cuotas.
Además, el Gobierno español lamenta que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta las consecuencias socioeconómicas y sociales que tendría la aprobación de esta medida para la flota pesquera del golfo de Cádiz. Por lo tanto, la delegación española espera que el resto de Estados miembros se sumen a su preocupación y aboguen por una solución más equilibrada que evite los graves perjuicios para este sector.
