La región de Extremadura, en el suroeste de España, se ha visto confrontada con un desafío creciente en lo que respecta a la atención y protección de menores migrantes que ingresan al país como adultos. La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha solicitado al Gobierno central que contribuya de manera más contundente a financiar esta labor, que recae en gran medida sobre los recursos de la comunidad autónoma.
Según los datos presentados, en los últimos dos años aproximadamente, Extremadura ha acogido a 37 menores migrantes que inicialmente fueron registrados como adultos, pero que posteriormente fueron evaluados y determinados como menores de edad por la Fiscalía.
Estos jóvenes, que tienen las mismas necesidades que el resto de menores bajo la tutela de la comunidad, han sido financiados íntegramente por los recursos de Extremadura, sin recibir el apoyo del Gobierno central que sí cubre los gastos de aquellos que llegan directamente como menores.
La Reivindicación de Extremadura
Sara García Espada ha expuesto que la comunidad autónoma se ha visto obligada a asumir los costos de la atención sanitaria, educativa y social de estos menores migrantes, lo cual representa una carga significativa para sus arcas. La consejera ha recalcado que «no puede ser que el ministerio financie a unos menores sí y a otros menores no», haciendo hincapié en que todos ellos tienen las mismas necesidades y condiciones, independientemente de cómo hayan sido registrados inicialmente.
Extremadura solicita que durante el tiempo en que estos jóvenes permanecen en el sistema de protección de menores de la comunidad, sean «financiados en igualdad de condiciones que los menores que vienen como menores». Esto implicaría que el Ministerio correspondiente aporte los recursos necesarios para garantizar que todos los menores bajo tutela reciban un trato equitativo y accedan a los servicios que requieren.
Un Problema Compartido a Nivel Nacional
García Espada ha señalado que esta reivindicación no es exclusiva de Extremadura, sino que se trata de una problemática que afecta a otras comunidades autónomas que también se enfrentan a la llegada de menores migrantes registrados inicialmente como adultos. Según la consejera, en el centro de migrantes de Mérida, solo en lo que va de año, han pasado 4.165 personas, de las cuales solo ocho eran menores.
Sin embargo, la consejera ha explicado que en muchos casos, estos adultos migrantes «incluso antes» de llegar a la región, manifiestan ser menores de edad, lo que desencadena una evaluación por parte de la Fiscalía que determina su condición de menores. Estos jóvenes pasan entonces a formar parte del sistema de protección de menores de Extremadura, generando una carga financiera que la comunidad autónoma considera necesario que el Gobierno central asuma.
