El anuncio realizado por la Diputación del Común de Canarias sobre la apertura de una investigación de oficio para supervisar la acogida de los menores migrantes no acompañados en las islas es un hecho que merece especial atención. Esta medida surge como respuesta a la decisión de la Fiscalía Superior de Canarias de recurrir ante el TSJC el nuevo protocolo puesto en marcha por el Gobierno de Canarias para atender a esta población vulnerable.
La Diputada Dolores Padrón subraya que el número de menores no acompañados que se encuentran en Canarias «supera» la capacidad de atención, tanto en lo inmediato como en lo integral, debido a que la situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo.
Esto ha obligado a autorizar el uso de espacios residenciales y recursos excepcionales para satisfacer las necesidades básicas de estos jóvenes. Ante esta realidad, Padrón considera «precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención» y recuerda los deberes legales establecidos en la normativa de protección de menores.
Coordinación Entre Administraciones Clave
La Diputación del Común resalta la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones competentes, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión y la igualdad en el ejercicio de los derechos de los menores. En este sentido, se recuerda a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo tras su visita a los recursos de emergencia habilitados en Tenerife.
Estas sugerencias apuntan a la necesidad de una coordinación efectiva entre las administraciones y la coherencia en sus intervenciones, tanto para los menores con necesidades de protección internacional como para aquellos que se encuentran bajo la tutela de la entidad pública de protección, sin documentar y próximos a cumplir la mayoría de edad.
Primar el Enfoque de Infancia
La Diputada Padrón insiste en que las defensorías del pueblo deben garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones públicas respondan al interés superior del menor, primando en todo caso el enfoque de infancia sobre la condición de inmigrante, en cumplimiento de la normativa de protección de menores.
Asimismo, preocupa la salvaguarda de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas y cómo se va a articular la coordinación entre la Administración General del Estado, la Fiscalía y la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus respectivas competencias, a fin de garantizar la atención y la adopción de todas aquellas medidas que aseguren la protección y asistencia con enfoque de infancia.
En conclusión, la apertura de esta investigación de oficio por parte de la Diputación del Común de Canarias refleja la importancia que se le otorga a la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados en las islas. La coordinación efectiva entre las diferentes administraciones y el primar el enfoque de infancia sobre cualquier otra consideración son elementos clave para garantizar una adecuada atención y asistencia a esta población vulnerable.
