La protección del patrimonio cultural y artístico es una prioridad fundamental para cualquier sociedad que valore su identidad y su legado. En este contexto, el Senado español ha aprobado recientemente una propuesta de ley para reformar la Ley de Patrimonio Histórico, con el objetivo de endurecer las sanciones por actos vandálicos dirigidos a bienes históricos, culturales y artísticos.
Esta iniciativa legislativa surge como respuesta a los recientes incidentes que han sacudido el mundo del arte, como el ataque a la famosa obra «La Gioconda» de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre en París durante el año 2022. Ante estas preocupantes situaciones, el Senado ha considerado necesario fortalecer la protección de nuestro patrimonio cultural.
Nuevas Infracciones y Sanciones Económicas
La propuesta de reforma introduce dos nuevas infracciones específicas en el artículo 76.1 de la Ley de Patrimonio Histórico, con el fin de tipificar con precisión las conductas que atentan contra los bienes protegidos. Esto permitirá a las autoridades hacer frente de manera más efectiva a estos actos vandálicos.
Además, en el mismo artículo 76, se ha establecido una escala de multas que oscila entre los 60.000 y los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad del delito. Esta medida busca disuadir a quienes pretendan dañar nuestro patrimonio cultural, al imponer sanciones económicas significativas.
Asimismo, se ha modificado el segundo apartado del artículo 76 para abordar aquellos casos en los que el daño causado sea valorable económicamente. Esta modificación permitirá a las autoridades cuantificar con mayor precisión el impacto de estos ataques y aplicar las sanciones correspondientes.
Restricción de Acceso a Archivos, Bibliotecas y Museos
La reforma también introduce cambios en el artículo 72 de la Ley de Patrimonio Histórico, incorporando una restricción de acceso a los archivos, bibliotecas y museos donde se encuentren bienes protegidos. Esta medida tiene como objetivo reforzar la proyección y conservación de nuestro patrimonio cultural, al limitar el acceso a aquellos individuos que hayan incurrido en actos vandálicos.
Si bien esta restricción de acceso ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran una posible vulneración de derechos, la senadora popular María José Ortega ha defendido la propuesta argumentando que «no podemos ni debemos justificar actos vandálicos por razones de protesta social«, sin importar cuán nobles sean las causas que los motiven.
Por su parte, la senadora del PSOE, Marta Saavedra, ha calificado la propuesta como «populista» y ha expresado su preocupación por el posible impacto de esta medida en el derecho a la accesibilidad y la igualdad. No obstante, ambos grupos han condenado los actos vandálicos contra el patrimonio cultural.
En conclusión, la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico aprobada por el Senado español representa un esfuerzo por fortalecer la protección de nuestro legado cultural y artístico. Aunque el debate sobre los límites de estas medidas sigue abierto, es evidente que la preservación de nuestro patrimonio histórico es una prioridad fundamental que requiere de una respuesta legislativa enérgica.
