El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigados a una docena de presuntos implicados en el `caso Soule´, que aborda una supuesta trama de corrupción en la Federación Española de Fútbol (RFEF) que afectaría a su expresidente Ángel María Villar.
Los primeros en declarar, el próximo martes, serán el responsable médico de la Mutualidad de Futbolistas de Baleares, Onofre Alba Vidal, y su hijo, que también se llama Onofre. El 1 de febrero declararán el director médico de la Mutualidad de Futbolistas en Andalucía Manuel Monje y el empresario José Asensio Garcia.
Las declaraciones continuarán el 6 de febrero con José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana de Fútbol, que supuestamente iba a ser nombrado para un puesto en la UEFA a cambio de su apoyo a Villar, y Ana Isabel Castro Val. El 8 de febrero pasarán por la Audiencia el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol y directivo de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel Pélaez, y otro empresario, Víctor Oñate Serena.
Los interrogatorios continuarán el 13 de febrero, fecha en la que está citado el consejero de Estudio 2000, Fermín Bernad Vico, que presuntamente suscribió un contrato a dedo con la Federación por un monto total de 36,5 millones de euros para la entrega de camisetas para árbitros, que resultaron ser de ínfima calidad y no se llegaron a usar nunca. Supuestamente la empresa habría pagado una comisión a Villar.
El 15 de febrero declararán el empresario José Higinio Temprado y el hijo del expresidente de la Federación Extremeña de Fútbol Juan Francisco Espino. Para acabar, el día 27 está citado el empresario Carlos Antonio Plasencia Romero.
Villar, presidente durante 29 años de la Federación Española de Fútbol, fue detenido en julio pasado junto a su hijo, Gorka. Ambos fueron enviados a prisión y salieron tras el pago de sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. Al expresidente de la RFEF se le imputan delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares por el amaño de contratos públicos y privados que gracias a una presunta red de afines le perpetuarían en el puesto.
