La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado este lunes respaldo a la «magnífica» Ley del Suelo, en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, y un pacto de Estado que vaya «más allá del Pacto de Estado clásico». «Creo que, en este caso, la alianza de país que reclamo tiene que ver también con la empatía y la complicidad social«, ha subrayado en su intervención en el marco de la inauguración del IV Congreso Nacional de Vivienda en Málaga capital.
Según la ministra, este problema de la vivienda no se circunscribe sólo a una clase de ciudadanos con más dificultades económicas, sino que «nos afecta a todos». Ha recordado que hay «maestros que tienen que compartir piso en grandes ciudades porque el alquiler se come hasta un 80% de su salario; enfermeros que nos cuidan y que no tienen para alquilar una vivienda«; y ha apuntado a «realidades» que tensionan el mercado, como los pisos turísticos e incluso el boom de residencias universitarias privadas.
La Necesidad de una Alianza de País
Por eso defiendo una alianza de país y de que estemos todos a una», ha subrayado Rodríguez, para la que «categóricamente» no es «suficiente» el esfuerzo presupuestario –«multiplicado por ocho«– que está haciendo, a su juicio, el Gobierno de España. «Necesitamos más y nos necesitamos todos«, ha pedido ante un auditorio en el que estaban el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Asimismo, la ministra ha apuntado que el problema de la vivienda es «global«, ya que «está afectando a países y ciudades de todo el mundo» y tiene su clave, a su juicio, en «un crecimiento global de la demografía «sin precedentes«. Por último, ha insistido en que las medidas que impulsa el Gobierno persiguen que los ciudadanos no tengan que destinar a la vivienda más de un 30% de su renta.
Medidas del Gobierno para Incrementar el Parque de Vivienda Asequible
La ministra de Vivienda ha destacado los 4.000 millones en líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO) que se han traducido en 57 operaciones «ya en estudio», que supondrán la construcción de alrededor de 17.000 viviendas. «Pero queda recorrido», ha sostenido Isabel Rodríguez, que ha anunciado una campaña de estas líneas de ayuda en todos los territorios para «agilizar la ejecución de fondos y para que la demanda no se limite sólo a los promotores sino que también se puedan beneficiar las administraciones locales y los promotores públicos de vivienda.
Igualmente, ha recordado los 5.500 millones de euros del plan de recuperación que fueron a rehabilitación y a vivienda y los más de 8.500 millones de euros en avales de préstamos, así como la fórmula de colaboración pública y privada con la que el Gobierno espera poder construir más de 20.000 viviendas a precios asequibles.
En relación con los préstamos ICO, estos van dirigidos a proyectos que incrementen el parque de vivienda en alquiler social o precio asequible energéticamente eficiente vía obra nueva o rehabilitación, y que también incluye la financiación para la compra de suelo o del edificio, ha recordado el Gobierno en una nota de prensa.
Aquellas viviendas construidas a través de estos préstamos deberán ser destinadas al alquiler social o asequible, o cedidas para dicho uso, durante período mínimo de 50 años. Asimismo, los proyectos tendrán que finalizarse en diferentes fechas, en función del tipo de proyecto financiado. Concretamente, la financiación del Programa para la construcción del Plan de Recuperación deberá estar terminada antes del 30 de junio de 2026.
Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como para mejorar el ya existente. El aval cubre hasta el 50% del importe del capital del préstamo y será gestionado por el ICO.
Por último, la ministra anunció el pasado mes de abril, tras una reunión del presidente del Gobierno con representantes del sector de la vivienda, que el Gobierno va a actualizar la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. «El objetivo es actualizar esta normativa porque lo aconseja el estudio que hemos hecho de necesidades de modificación puntuales, lo que tiene que ver con agilizar de nuevo la gestión urbanística«, dijo la ministra en rueda de prensa.
