En el año 2024, España ha experimentado una reducción significativa en los incendios forestales, lo que representa un avance alentador en los esfuerzos por proteger nuestros valiosos ecosistemas. Según el informe de seguimiento publicado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, se han quemado un total de 43.655 hectáreas (ha), lo que representa una disminución del 47% en comparación con la última década.
Sin embargo, a pesar de esta mejora, aún existen desafíos que deben ser abordados. El informe también revela que, de los 4.961 fuegos registrados, el 71% fueron conatos que se extinguieron antes de quemar una hectárea. Aún así, 17 de estos incendios se convirtieron en grandes incendios forestales, afectando a más de 500 hectáreas y consumiendo casi el 40% del total de la superficie quemada.
IMPACTO EN LA POBLACIÓN Y LAS INFRAESTRUCTURAS
Además de la devastación ambiental, los incendios forestales también han tenido consecuencias para la población y las infraestructuras. El informe de Protección Civil indica que 64 fuegos han tenido impactos en este sentido, lo que ha llevado a la evacuación preventiva de 4.305 personas y a daños en infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas.
Lamentablemente, estos incendios también han cobrado vidas. El informe señala que se han registrado cinco fallecimientos, uno perteneciente al personal de extinción y cuatro ciudadanos ajenos a la intervención. Además, 26 personas han requerido atención médica, de las cuales 13 pertenecían al dispositivo de extinción.
COORDINACIÓN Y RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL
La respuesta a estos incendios forestales ha requerido la coordinación y el apoyo de múltiples instituciones y organismos. Según el informe, en 15 de los 17 grandes incendios han intervenido medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), mientras que en cuatro casos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha prestado su asistencia.
Además, se han activado 190 planes autonómicos de protección civil por incendios forestales, siendo la Comunidad Valenciana la región más afectada. En ocho de estos casos, se ha requerido el apoyo de la UME, lo que demuestra la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.
En conclusión, si bien los datos apuntan a una reducción significativa en los incendios forestales durante el año 2024, aún queda trabajo por hacer para garantizar la seguridad de nuestras comunidades y la preservación de nuestros valiosos ecosistemas. La colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y respuesta serán fundamentales para enfrentar este desafío de manera efectiva en los próximos años.
