La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer su posición respecto a la querella presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado. En declaraciones a los medios, el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, ha señalado que si bien la Fiscalía de Madrid ha apoyado la admisión a trámite de dicha querella, él ha declinado emitir una valoración al respecto.
García Ortiz ha explicado que no tiene «mayor sentido dar opiniones o calificar escritos procesales», ya que son los tribunales quienes deben tomar las decisiones correspondientes. Ha reiterado que la Fiscalía conoce todo lo que se presenta ante los tribunales, pero que no es su función opinar sobre ello, sino dejarlo en manos del proceso judicial.
La Querella del Presidente Sánchez
La querella presentada por el presidente Sánchez hace referencia a un presunto delito de prevaricación por parte del juez Juan Carlos Peinado, quien se encuentra investigando a la esposa del mandatario, Begoña Gómez. La Fiscalía de Madrid, en un escrito, ha apoyado que se admita a trámite esta querella.
Según García Ortiz, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha actuado en este sentido, presentando el escrito correspondiente ante los tribunales. Sin embargo, el Fiscal General ha evitado emitir cualquier tipo de opinión o calificación sobre el mismo, señalando que el proceso judicial es el espacio adecuado para debatir y proponer las acciones procesales pertinentes.
La Advertencia de la Fiscal Superior
En el escrito de la Fiscalía de Madrid, la fiscal superior Almudena Lastra ha advertido sobre el «perjuicio» que podría acarrear a la Administración de Justicia en caso de que la decisión del juez Peinado se demuestre «injusta». No obstante, García Ortiz ha declinado pronunciarse sobre esta advertencia, remitiendo nuevamente a los propios escritos procesales presentados ante los tribunales.
El Fiscal General ha reiterado que la Fiscalía conoce todo lo que se presenta ante los juzgados, pero que su función no es opinar o calificar dichos escritos, sino dejar que sea el proceso judicial el que siga su curso y las autoridades competentes quienes tomen las decisiones pertinentes.
