La Junta de Extremadura ha dado un paso significativo en la defensa de la igualdad y la separación de poderes al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente Ley de Amnistía. En una rueda de prensa celebrada este martes en Mérida, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha expuesto los motivos que han llevado a la presidenta extremeña, María Guardiola, a tomar esta decisión.
Según Bazaga, la Junta de Extremadura considera que la Ley de Amnistía vulnera dos principios fundamentales recogidos en la Constitución Española: el principio de separación de poderes, considerado el «auténtico pilar del Estado de Derecho», y el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley.
La Ley de Amnistía, un «Privilegio» Inadmisible
La portavoz de la Junta ha explicado que la Ley de Amnistía establece «infundadamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito, temporal unos españoles deberán responder mientras que otros quedarán exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable». Es decir, esta ley concede «un beneficio y la eliminación de sus responsabilidades penales, contables y civiles a unos ciudadanos por el mero hecho de haber realizado sus conductas delictivas en una determinada comunidad autónoma».
Bazaga ha señalado que este «trato privilegiado vulnera el mandato constitucional referido a la igualdad entre los españoles«. Según la portavoz, «ningún ciudadano es superior a otro por haber nacido en una comunidad autónoma determinada«, y el Gobierno de María Guardiola «no va a permitir que se establezcan diferencias, que socaven la cohesión social y territorial y la unidad de nuestro país.
Defensa de los Principios Constitucionales
Finalmente, Bazaga ha destacado que «en estos momentos, es crucial que nos mantengamos unidos y firmes en la defensa de nuestros principios constitucionales«, ya que «la igualdad, la justicia y la separación de poderes no son meras palabras, sino que los cimientos sobre los que se constituye nuestra democracia».
Además, la Junta de Extremadura también ha presentado ante el Tribunal Constitucional una recusación frente al presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón y los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, al considerar que «los tres están inhabilitados para debatir sobre el encaje de ley en la Constitución, por su falta de imparcialidad debido a su actividad política».
En resumen, la Junta de Extremadura ha tomado una firme posición en defensa de los principios constitucionales y la igualdad de todos los ciudadanos españoles, sin distinción de su comunidad autónoma de origen. Esta iniciativa representa un importante paso en la salvaguarda de los valores democráticos que sustentan nuestro país.
