En el año 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado un notable incremento en los delitos relacionados con el medio ambiente. Según los datos presentados en la Memoria de la institución, se han investigado 1.389 delitos de maltrato animal, lo que representa un 29,4% de los procedimientos judiciales incoados en materia medioambiental.
Además de los delitos contra los animales, la FGE también ha investigado 391 delitos contra el medio ambiente, 990 relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio, 311 contra el patrimonio histórico, 768 contra la flora y fauna, y 864 incendios forestales. Estas cifras reflejan la creciente preocupación por la protección del medio ambiente y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN
Durante el año 2023, la FGE ha dictado un total de 959 sentencias condenatorias en esta materia. De estas, 61 corresponden a delitos contra el medio ambiente, 295 a urbanismo y ordenación del territorio, 39 a patrimonio histórico, 218 a flora y fauna, 90 a incendios forestales y 256 por malos tratos a animales.
Sin embargo, la Memoria también destaca las dificultades que enfrentan las secciones de Medio Ambiente en la ejecución de las sentencias de demolición por delitos contra la ordenación del territorio. A pesar de ello, se reportan 72 demoliciones efectivamente realizadas, de las cuales 37 fueron voluntarias y 35 forzosas.
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS EN LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES
En comparación con el año 2022, la FGE ha incoado un total de 640 expedientes relacionados con el medio ambiente, de los cuales 568 adoptaron la forma de expediente gubernativo y 82 la de diligencias preprocesales. Esto representa un aumento del 2,2% con respecto al año anterior, evidenciando la creciente relevancia de esta problemática.
Asimismo, la memoria del organismo recoge que el Tribunal Supremo dictó el año pasado tres sentencias en casación (dos condenatorias y una absolutoria) en lo que respecta a delitos contra el medio ambiente. Estas cifras ponen de manifiesto la complejidad y la importancia que revisten estos casos, los cuales alcanzan incluso las más altas instancias judiciales.
DESAFÍOS Y ACCIONES FUTURAS
La creciente preocupación por la protección del medio ambiente y el aumento de los delitos medioambientales representan un desafío importante para la Fiscalía General del Estado. Estos datos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias y los recursos destinados a la investigación, persecución y sanción de estos delitos.
Además, la dificultad en la ejecución de las sentencias de demolición por delitos contra la ordenación del territorio supone un reto adicional que requiere de una mayor coordinación y colaboración entre las diferentes instancias judiciales y administrativas.
En este contexto, la FGE deberá redoblar sus esfuerzos para garantizar una efectiva protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como para promover una cultura de respeto y responsabilidad hacia el entorno en el que vivimos.
