El rechazo que recibió este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Gobierno (PGE) para 2019 en el Congreso de los Diputados deja en el limbo la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante su reforma económica.
El proyecto presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez fue rechazado hoy por el Congreso de los Diputados al votar a favor de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos, ERC, PDECat, Foro y Coalición Canaria, dejando en el aire el futuro de la legislatura ante la probable convocatoria de elecciones generales que el presidente del Gobierno podría determinar en los próximos días.
Si finalmente se confirma el adelanto de las elecciones generales, la fecha que fije Pedro Sánchez puede ser clave para que prosperen determinadas medidas, por ejemplo, el Pacto de Toledo y la ley hipotecaria, que se encuentran en una fase avanzada en el ámbito parlamentario y con posibilidades de cerrarse si no se disuelven pronto las cámaras.
Otras como la ley del alquiler y la reforma de los supervisores financieros difícilmente serán abordables por su complejidad y por la necesidad de un amplio respaldo parlamentario. No obstante, el Gobierno tiene margen para aprobar medidas a través de reales decretos.
MEDIDAS FISCALES
En el ámbito fiscal el rechazo a los Presupuestos supone la caída de medidas contempladas por el Gobierno como la creación de nuevos tramos impositivos en el IRPF (uno a partir de 130.000 euros anuales y otro a partir de 300.000), el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (del 17% para las entidades financieras y las compañías de hidrocarburos), la rebaja del tipo nominal en el Impuesto de Sociedades a las pymes del actual 25% a un 23%, la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina y de los libros electrónicos al 4% y de los servicios veterinarios al 10%.
Además, también quedan anuladas las pretensiones del Ejecutivo de aumentar la tributación del Impuesto de Patrimonio y de aumentar la tributación del diésel para equipararla a la de la gasolina.
Antes de una posible disolución de las Cámaras por la convocatoria de elecciones, el Gobierno podría intentar sacar adelante estas medidas a través de decretos leyes. Asimismo, actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados los proyectos de ley del impuesto a las transacciones financieras y el de determinados servicios digitales, conocido también como ‘tasa Google’, que al ser tributos de nueva creación necesitaban aprobarse de forma independiente al proyecto de Presupuestos. En caso de que se convoquen elecciones y finalice la XII legislatura, estas iniciativas pendientes de culminar su tramitación se echarían a perder.
Otra iniciativa que quedará anulada en caso de convocatoria electoral será el proyecto de ley para la reforma de la Ley de Estabilidad para eliminar la capacidad de veto del Senado a las sendas de déficit y deuda. Esta iniciativa obtuvo en septiembre el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja para su toma en consideración y el inicio de su tramitación, pero desde entonces PP y Ciudadanos la han mantenido bloqueada mediante la constante prórroga del periodo de presentación de enmiendas.
SECTOR FINANCIERO
En materia financiera el revés presupuestario siembra incertidumbre sobre gran parte de los proyectos anunciados, empezando por la reforma hipotecaria que se esperaba convalidar en el Congreso en plazo de uno o dos meses tras su reciente paso por el Senado. De embarrancar conllevaría una sanción de 105.991,6 euros diarios por parte de Bruselas, ya que en su germen se encuentra una directiva que debía haber sido transpuesta el 21 de marzo del año 2016.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, indicó hoy su intención de sacar adelante proyectos «importantes» para el ciudadano como la autoridad de defensa del cliente financiero, que deberá dirimir litigios en materia de consumo de productos y servicios bancarios, de seguros o con firmas de inversión.
Esta figura concitó, en principio, el apoyo de todos o casi todos los grupos parlamentarios. Distinta es la reforma de los reguladores, donde el Gobierno ya ha deslizado en su Agenda del Cambio su apuesta por un modelo ‘twin peaks’ para el supervisor de servicios financieros.
La idea supondría dividir en dos organismos la supervisión: uno para la solvencia y otro para la conducta de mercado, con independencia de que sean bancos, aseguradoras o firmas de bolsa; frente al esquema actual de organismo especializado: Banco de España, la CNMV y la dirección General del Seguros y Planes de Pensiones.
Difícilmente se planteará ahora una reforma tan delicada con la fragmentación parlamentaria, donde además puede embarrancar la creación de la futura autoridad macroprudencial pese a que la exigió Bruselas ya en el 2011 y España es el único país, junto Italia, que carecen de tal institución.
Una pata de esa autoridad que sí ha aprobado ya el Gobierno es enriquecer las competencias del Banco de España, CNMV y Seguros con nuevas herramientas para evitar crisis.
TRABAJO Y PENSIONES
En materia laboral y de Seguridad Social, el rechazo a los Presupuestos deja en el aire el préstamo de 15.164 millones de euros que concedería el Estado a la Seguridad Social para el equilibrio financiero de sus cuentas. No obstante, el Gobierno puede aprobarlo posteriormente, dado que en junio abona la paga ordinaria y extraordinaria de las pensiones que viene superando los 9.000 millones.
También queda en el aire la transferencia de 850 millones de euros a la Seguridad Social para asumir “parte” de su déficit, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o la deducción en el Impuesto de Sociedades para fomentar la incorporación de mujeres a los Consejos de administración de las empresas.
Mientras, la subida de pensiones del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas y no contributivas se mantendría, al igual que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, el sueldo de los funcionarios, el incremento de la base mínima para los autónomos, la subida de la base máxima de cotización o la penalización a los contratos de menor duración, al haberse aprobado por decreto el pasado mes de diciembre y convalidado en el Congreso de los Diputados.
En el caso de que se convoquen elecciones generales, la disolución de las Cortes conlleva que desaparezcan las comisiones como la del Pacto de Toledo. Dependiendo de la fecha de las elecciones, el Pacto de Toledo podría disponer del tiempo que necesita para finalizar su acuerdo sobre las recomendaciones, que algunos portavoces veían próximo.
De la misma manera, podrían quedar en funciones las mesas de diálogo social en las que se debate, por ejemplo, la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma laboral. El Ejecutivo podría aprobarla por decreto, y de hecho, los sindicatos lo reclaman.
VIVIENDA
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que en principio Teresa Ribera pretende aprobar de forma inminente, el 22 de febrero.
En el caso del departamento que dirige José Luis Ábalos, el fin precipitado de la legislatura dejaría en el cajón las medidas urgentes contenidas en el decreto ley que tumbó el Congreso de los Diputados como la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años o la limitación de la fianza a un máximo de dos mensualidades.
