La formación política Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición en España, ha reclamado este viernes que se apliquen sanciones a aquellas empresas españolas que se están lucrando con proyectos de apoyo a Israel en la colonización ilegal de Palestina.
A través de una pregunta parlamentaria, el grupo de Sumar en el Congreso quiere que los ministros Carlos Cuerpo y José Manuel Albares, responsables de Economía y Exteriores respectivamente, se pronuncien públicamente sobre esta situación.
Según señalan, el ministro de Economía acudió recientemente a Ucrania acompañado de una delegación de 23 empresas españolas, entre las que se encontraban directivos de Acciona, Adif, CAF y Renfe, con el objetivo de estudiar oportunidades de cooperación entre ambos países. Sin embargo, desde Sumar consideran que este criterio de colaboración no se ha aplicado de la misma manera cuando se trata de la ocupación israelí de Palestina, a pesar de que existen «sanciones a empresas y particulares rusos por su participación en el esfuerzo militar o la economía rusa.
Empresas Españolas Implicadas en la Ocupación Ilegal de Palestina
Según la información recogida por Sumar, España se ha convertido en el tercer país europeo con un mayor número de empresas que se han lucrado con actividades desarrolladas en los territorios palestinos ocupados, solo por detrás de Alemania e Italia. Ponen como ejemplo a la empresa CAF, que gestiona y desarrolla líneas de tren ligero entre la zona israelí y las colonias próximas en el Territorio Ocupado, y a la empresa SEMI, que está implicada en el ferrocarril Tel Aviv-Jerusalén.
Desde Sumar, urgen al Ejecutivo a conocer cuál fue el criterio para elegir a las empresas que acompañaron al ministro Cuerpo en la delegación a Ucrania. Además, quieren saber si el Gobierno es consciente de que España incumple la directiva europea de diligencia cuando «premia y/o apoya» a empresas que participan en proyectos para la ilegal colonización israelí, y qué medidas se van a tomar para acabar con el apoyo o sancionar a estas empresas que se lucran con proyectos de apoyo a Israel e impedir que puedan formar parte de licitaciones, compras públicas y subvenciones.
Posibles Acciones Legales Contra las Empresas Implicadas
Según el grupo de Sumar, la participación de empresas españolas en estos proyectos en territorio israelí puede ser considerada un delito contra los bienes y las personas protegidas en caso de conflicto armado, por lo que podrán ser perseguidos en los tribunales españoles. En este sentido, reclaman que se informe a los directivos y empleados de CAF sobre esta posible implicación delictiva.
Además, solicitan conocer si desde el Ejecutivo se van a llevar a cabo los mecanismos necesarios para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra los directivos y empleados de CAF que participen en el proyecto mencionado.
Esta iniciativa de Sumar se suma a otra presentada la semana pasada en el Congreso, en la que se pedía al Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, que detalle los contratos que se siguen firmando con empresas armamentísticas de Israel pese al genocidio contra la población Palestina en Gaza.
