La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha emitido un comunicado advirtiendo que las deportaciones masivas de inmigrantes son una «vulneración flagrante» de la legalidad internacional aplicable en España. Esto pone en entredicho la dignidad humana, la cual sirve de base a la propia Constitución Española.
En este sentido, la JJpD ha recordado que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social, tal y como establece el artículo 10.1 de la Constitución. Por lo tanto, todos los poderes públicos deben actuar con pleno sometimiento a la ley y al derecho, y todas las personas, como seres humanos, deben gozar de igual dignidad y de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales.
La Expulsión Masiva de Extranjeros: Contraria al Derecho
La asociación ha destacado que la expulsión masiva de extranjeros no está permitida en España, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Señalan que, para que las expulsiones se ajusten a derecho, deben basarse en una decisión individual, fundada y concreta, que atienda a los motivos establecidos en la ley. Esto requiere, como indica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un análisis razonable y objetivo del caso particular.
Además, la JJpD ha recalcado que sólo desde el escrupuloso respeto a la dignidad de los seres humanos puede hablarse, dentro de la Constitución, de un Estado de Derecho auténticamente democrático. Asimismo, han expuesto que la gestión de lo público y la respuesta a los desafíos migratorios solo pueden darse desde el Estado de Derecho y el respeto a la dignidad de la persona, sin negar nuestra propia condición humana.
La Barbarie Fuera de la Legalidad Internacional
Finalmente, la asociación ha subrayado que fuera de la legalidad internacional «sólo existe la barbarie. Han denunciado que la negación de nuestra propia humanidad solo pone en evidencia una hipocresía tan cruel como inútil. En definitiva, las deportaciones masivas representan una vulneración inaceptable de la dignidad humana y del Estado de Derecho.
