Retrasar la edad de jubilación puede sonar como una opción lógica para aumentar la sostenibilidad fiscal de los sistemas de pensiones; sin embargo, un estudio sugiere que este enfoque podría tener un costo significativo para la salud de los trabajadores, especialmente aquellos en ocupaciones físicamente exigentes.
El impacto del trabajo físico en la edad de jubilación
El reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pone de manifiesto un preocupante hallazgo: los trabajadores que retrasan su salida del mercado laboral tienen un mayor riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. Esto es especialmente relevante para aquellos empleados en sectores donde las tareas físicas son intensas, combinadas con altos niveles de estrés emocional y mental.
La Reforma de Jubilación de 1967 y sus Consecuencias
La reforma de jubilación de 1967 en España, que modificó las condiciones para la jubilación anticipada, sirve como caso de estudio para entender este fenómeno. Antes de esta reforma, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían retirarse voluntariamente a los 60 años. Sin embargo, las generaciones posteriores enfrentaron restricciones más estrictas, obligándolos a trabajar hasta los 65 años, salvo algunas excepciones.
Este cambio no solo modificó la edad de salida del trabajo, sino que también, según el estudio, incrementó las tasas de mortalidad en edades cercanas a la jubilación, un resultado que supera las aspiraciones de ahorro fiscal que inicialmente se habían anticipado.
Los beneficios sociales versus costos humanos
Las conclusiones del informe de Fedea sugieren que el impacto adverso sobre la vida humana supera las ganancias fiscales. Al calcular el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, se estima que un incremento de Mortalidad Temprana en la edad al morir se traduce en una pérdida social cuantificable en 8.564 euros por persona.
Las ganancias fiscales
A nivel económico, la reforma promovió un aumento en las contribuciones al sistema de pensiones y un ingreso adicional para el gobierno, estimado en 1.925 euros. Además, la mortalidad temprana resultante ahorró 3.228 euros por jubilado en pagos de pensiones, generando un beneficio fiscal neto de 5.213 euros. Sin embargo, estas cifras puramente fiscales no consideran las pérdidas humanas y sociales asociadas, cuestionando si en verdad es un enfoque económicamente viable.
De acuerdo con Fedea, es crucial que las políticas de jubilación contemplen el impacto en la salud de los trabajadores. Es fundamental que las normativas sobre la edad de retiro tomen en cuenta la exigencia física, emocional y mental de las distintas profesiones.
Un llamado a la acción
La evidencia proporcionada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada subraya la importancia de equilibrar las políticas de jubilación económica con las consideraciones de salud y bienestar social. Las reformas que priorizan el ahorro fiscal sin atender a las implicaciones para la salud pueden ser contraproducentes a largo plazo. Por lo tanto, la creación de un entorno laboral que priorice la salud del trabajador debe ser una prioridad.
El futuro de las políticas de jubilación debe dirigirse hacia un modelo más humano, poniendo en valor la calidad de vida y asegurando que nuestras contribuciones laborales no comprometan nuestra esperanza de vida. A medida que avanzamos, es imperativo que la sociedad y sus líderes consideren el bienestar integral de sus ciudadanos como un componente esencial en cualquier reforma política.
