La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, una de las empresas más importantes del sector ferroviario español. Esta decisión se ha tomado invocando razones de seguridad nacional, según confirmaron fuentes gubernamentales.
Esta medida se enmarca en una ley aprobada durante la pandemia para evitar que la caída en bolsa de las empresas españolas fuera aprovechada por firmas extranjeras para tomar el control de compañías clave a precios reducidos. Ahora, el Ejecutivo ha declarado como clasificada la información contenida en este expediente.
Preocupaciones Estratégicas y Geopolíticas
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había adelantado en marzo que el Gobierno haría «todo lo posible» para frenar esta operación. Las principales preocupaciones giran en torno a los posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha.
En concreto, el 45% del capital del consorcio húngaro que pretendía comprar Talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país ahora gobernado por Viktor Orbán, quien ha entrado en conflicto con la propia Unión Europea por su acercamiento unilateral a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados.
Además, el Gobierno dudaba de si las fábricas de Magyar Vagon en Hungría tenían la capacidad suficiente para resolver todos los problemas de producción que tiene Talgo. Por eso, recientemente, representantes del Ministerio de Puente han visitado esas instalaciones para ayudar a tomar una decisión.
Implicaciones y Próximos Pasos
Coincidiendo con el anuncio del Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha decidido suspender la cotización de Talgo con efectos inmediatos, ante la caída repentina de sus acciones.
El Ejecutivo defiende que este veto se produce «en aplicación de la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales».
Sin embargo, esta decisión ha generado reacciones judiciales por parte de algunos de los agentes involucrados, como la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, o la propia Magyar Vagon, que ya ha apuntado que recurriría incluso a instancias europeas para defender su operación.
Pese a este revés, el Gobierno aprovecha para defender sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, señalando que España ha sido el cuarto destino mundial de inversión por número de proyectos dirigidos a aumentar la capacidad productiva en el período 2018-2023, y que es el décimo país desarrollado con menos restricciones regulatorias a la inversión extranjera, por delante de potencias como Alemania, Francia o Reino Unido.
