En una reciente incursión contra el comercio ilegal, la Guardia Civil ha intervenido 35 kilogramos de pescado ilegal en un restaurante de Santa Pola, Alicante. El hallazgo incluye langosta y pulpo de roca, que fueron supuestamente capturados de manera ilegal sin la acreditación de trazabilidad ni garantías sanitarias necesarias para su consumo seguro.
La acción se llevó a cabo tras una serie de investigaciones por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, destacando la importancia de la trazabilidad y el etiquetado adecuado en la cadena de suministro de productos pesqueros. La investigación continúa con el objetivo de identificar al pesquero responsable de estas capturas ilegales.
Las consecuencias legales del comercio ilegal de pescado
La responsable del establecimiento implicado en la venta de productos pesqueros sin trazabilidad enfrenta serias sanciones económicas. Se le acusa de violar la Ley 5/2017 de pesca marítima y acuicultura, con multas de hasta 60.000 euros, junto con infracciones a la Ley 14/1986 General de Sanidad, que conllevan multas adicionales de hasta 4.000 euros.
Las inspecciones realizadas por la patrulla del Seprona revelaron deficiencias en los arcones frigoríficos, donde se encontraron productos carentes de identificación legal. La falta de etiquetado y documentación pertinente pone de manifiesto la falta de controles legales y sanitarios, dejando a los consumidores expuestos a riesgos potenciales asociados a alimentos no regulados.
Los riesgos para la salud y el medio ambiente
Este tipo de comercio clandestino no solo representa un fraude para la hacienda pública, sino que también pone en riesgo la salud del consumidor. Al no pasar los controles sanitarios pertinentes, los productos ilegales pueden ser peligrosos para el consumo humano.
Además, es crucial destacar los graves impactos ambientales de estas prácticas. La captura ilegal no respeta las épocas de veda ni los límites de captura establecidos, lo que contribuye a la explotación insostenible de las especies marinas. Esto resulta especialmente preocupante en zonas cercanas a reservas marinas como la isla de Tabarca, donde la pesca de ciertas especies está estrictamente prohibida para proteger la biodiversidad marina.
El impacto económico y medidas futuras
La pesca ilegal elude la declaración fiscal, lo que deriva en un fraude fiscal significativo y una competencia desleal para los pescadores y comerciantes que operan dentro de la ley. Para combatir estas prácticas, es esencial fortalecer la vigilancia y el control de las aguas y mercados pesqueros, promoviendo una pesca sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La incautación de Santa Pola es solo un ejemplo de la vigilancia activa necesaria para reducir el impacto del comercio ilegal en nuestra economía y ecosistemas. La colaboración entre autoridades, pescadores y consumidores es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos marinos.
La educación y concienciación ciudadana
Finalmente, aumentar la concienciación ciudadana sobre la importancia de consumir productos pesqueros de origen legal es fundamental. Una mejor comprensión de la trazabilidad de los alimentos y sus implicaciones para la salud y el medio ambiente puede empoderar a los consumidores para tomar decisiones informadas y responsables.
La Guardia Civil y otras instituciones han destacado la necesidad de educar al público sobre estos temas para fomentar prácticas de consumo más sostenibles y prevenir la pesca ilegal. Solo así podremos preservar la riqueza de nuestros mares para las futuras generaciones.
