La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como la Ley de Paridad, ha generado una importante discusión en España.
Si bien esta norma busca asegurar una representación equitativa de ambos géneros en diversos ámbitos, su implementación ha traído consigo algunos «errores técnicos» que han sido denunciados por expertos como la presidenta de la sección de Igualdad del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Estela Martínez.
En este artículo, nos adentraremos en los detalles de esta polémica ley, analizaremos los problemas identificados por el ICAM y exploraremos las implicaciones que tiene para empresas, trabajadores y la sociedad en general.
LA LEY DE PARIDAD Y SUS OBJETIVOS
La Ley de Paridad tiene como principal objetivo garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector público y privado. En concreto, obliga a las grandes empresas y a la Administración General del Estado a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Además, permite que la presencia femenina supere el 60% de representación y llegue hasta un 100%.
Esta normativa establece plazos específicos para su implementación. Las compañías del Ibex deberán cumplir con la ley antes del 30 de junio de 2025, mientras que el resto de empresas cotizadas tendrán que hacerlo en 2026. Por su parte, los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán de margen hasta 2028.
En el caso de los colegios profesionales, como el ICAM, la designación de sus miembros de las Juntas de Gobierno o Consejos de Gobierno deberán alcanzar el porcentaje del 40% del sexo menos representado en dichos órganos a fecha de 30 de junio de 2026.
EL «ERROR TÉCNICO» DE LA LEY DE PARIDAD
Según ha explicado la presidenta de la sección de Igualdad del ICAM, Estela Martínez, la Ley de Paridad presenta un «error técnico» que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización o a una adaptación de jornada.
El problema radica en que, al introducir la nueva causa de nulidad para las víctimas de violencias sexuales, «en vez de tomar como base la redacción que daba el Estatuto de los Trabajadores, se tomó de la Ley Trans, donde no estaban esas dos causas objetivas o automáticas de nulidad», ha explicado Martínez.
Este «error lamentable», tal y como lo califica la experta, supone una desprotección para las personas trabajadoras, especialmente para las mujeres, quienes suelen ser las que mayoritariamente se acogen al disfrute de estas medidas.
Además, el ICAM también denuncia el «despropósito» de la disposición final novena de esta norma, que elimina la nulidad automática en despidos relacionados con la conciliación laboral y podría vulnerar la Directiva europea, generando inseguridad jurídica y perjudicando especialmente a las mujeres.
RESPUESTA DEL ICAM Y RECOMENDACIONES
Ante esta situación, el ICAM ha anunciado que, anticipándose a los plazos que esta norma contempla, cumple ya con los criterios establecidos en materia de igualdad de género. Tal y como ha destacado la vicedecana del ICAM y responsable de Igualdad de la institución, Isabel Winkels, el Colegio cuenta con la presencia de mujeres en puestos clave del organigrama, como la dirección financiera o la de tecnología y transformación digital.
Sin embargo, en relación a los «errores técnicos» de la Ley de Paridad, la presidenta de Igualdad del ICAM, Estela Martínez, ha recomendado a los trabajadores «esperar» a que el Gobierno subsane el problema, ya que «a partir de hoy, lo único cierto es que no aplica la nulidad objetiva automática» y, por tanto, «hay una desprotección» para los empleados.
Martínez augura una mayor conflictividad en los tribunales, pues «lo que era un despido nulo pasará a ser un despido improcedente, y los trabajadores despedidos tendrán que pleitear.
En definitiva, la entrada en vigor de la Ley de Paridad ha generado una serie de problemas técnicos que, según expertos como el ICAM, ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Mientras se subsanan estos errores, los profesionales recomiendan mantener una actitud prudente y esperar a que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar una aplicación efectiva y justa de esta importante normativa.
