En un momento en que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la propagación de mensajes de odio y desinformación, el Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha planteado una propuesta innovadora: prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves».
Esta iniciativa surge en el contexto de la investigación abierta por la Fiscalía sobre los «mensajes falsos» y de «odio» en redes sociales contra migrantes, vinculados al asesinato del niño Mateo en Mocejón (Toledo). Según Aguilar, esta medida sería «una pena proporcionada y necesaria» para aquellas personas que se han valido de internet y las redes sociales para cometer delitos.
Identificación de Usuarios y Precedentes Jurisprudenciales
Aguilar también aboga por analizar que los usuarios de redes sociales «estén debidamente identificados», de modo que la autoridad judicial pueda obtener la identidad de los autores cuando sea necesario. Esto, en su opinión, facilitaría la investigación, ya que a menudo se encuentran con la dificultad de que «la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor».
El fiscal ha recordado que ya existe un precedente jurisprudencial en este sentido, pues la Fiscalía de Barcelona logró que el Tribunal Supremo dictara la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al «espacio virtual» del delito, no solo al espacio físico.
Delitos de Odio y Análisis de Contenidos
Aguilar ha explicado que, para que un hecho sea tipificado como delito de odio en España, es necesario que tenga «cierta entidad y cierta gravedad». Por lo tanto, en el caso de los mensajes difundidos en redes sobre el asesinato del niño Mateo, será necesario analizar rigurosamente los perfiles de los usuarios, los contenidos que han compartido y la «capacidad de liderazgo» que puedan tener, así como el contexto en el que se enmarcan estos mensajes.
El fiscal ha resaltado que, en este caso concreto, se está «difundiendo noticias totalmente falsas acerca de este asesinato, imputando a personas extranjeras o a menores no acompañados«. Por ello, es fundamental una investigación exhaustiva de las fuerzas de seguridad para poder hacer una valoración jurídico-penal adecuada.
Implementación de Medidas y Campañas de Sensibilización
Aguilar ha recalcado que es necesario que los poderes públicos pongan en marcha «todas las medidas necesarias» ya previstas en las leyes, como la Ley de Servicios Digitales, que establece responsabilidades para las plataformas de redes sociales, o el desarrollo de la figura de la autoría independiente de igualdad de trato.
Además, ha señalado la importancia de llevar a cabo campañas de prevención y sensibilización, ya que no todo lo «odioso» y «éticamente reprobable» que se difunde en las redes puede ser abordado desde el ámbito penal.
En definitiva, la propuesta del Fiscal Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación evidencia la necesidad de implementar medidas más efectivas para hacer frente a la propagación de mensajes de odio y desinformación en las redes sociales, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad y preservar la convivencia y la riqueza cultural que aporta la inmigración a España.
