La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de 8 meses de prisión por un delito de coacciones a un hombre que sacó una pistola a un mensajero cuando fue a dejarle un paquete en su vivienda de Getafe. Así, se ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe, confirmando dicha resolución y declarando de oficio las costas causadas.
La sentencia considera probado que el acusado recibió un paquete en 2021 contra reembolso a través de un mensajero, que le indicó que procedería a su entrega una vez que abonara su importe. En este contexto, el tribunal ha determinado que la condena al acusado es adecuada y se ajusta a la ley.
EXHIBICIÓN DE ARMA DE FUEGO AL MENSAJERO
Según el fallo judicial, el acusado «sacó de la parte de atrás de su cuerpo una pistola que exhibió al mensajero, desconociendo este si la misma era real o simulada, conminándole con ella a pasar al interior de la vivienda, a lo que accedió por miedo». Una vez dentro, el hombre obligó al mensajero a abrir el paquete y luego le pidió que se marchara sin abonar el importe del producto.
El tribunal concluye que «el material de prueba» es suficiente para fundar su «convicción judicial respecto a la comisión de la infracción punible enjuiciada y la participación del acusado en la misma, habiendo razonado adecuadamente la juez los motivos que justifican la sentencia condenatoria, sin que exista por tanto error en la valoración del mismo».
CONFIRMACIÓN DE LA CONDENA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL
La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la decisión del Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe, al considerar que el acusado actuó de manera ilegal y coaccionó al mensajero mediante la exhibición de un arma de fuego. Esta resolución judicial reafirma la gravedad de los hechos y la necesidad de sancionar conductas que atentan contra la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
La confirmación de la condena de 8 meses de prisión envía un mensaje claro de que este tipo de comportamientos no serán tolerados en nuestra sociedad. Las autoridades judiciales han actuado con firmeza para proteger a los trabajadores que desempeñan sus labores de forma honesta y pacífica, rechazando cualquier intento de intimidación o abuso de poder.
Este caso evidencia la importancia de mantener un sistema de justicia eficaz y comprometido con la defensa de los derechos y la integridad de las personas, independientemente de su posición social o profesional. La sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid envía un claro mensaje de que la ley se aplicará con rigor para garantizar el Estado de Derecho y la convivencia pacífica en nuestra comunidad.