Entre tribunales, sanciones económicas y señalamientos de la competencia, Glovo y Uber Eats siguen vivos tras 3 años de la ley rider, aunque sin ninguna intención de cumplirla, al menos no de la forma que esperaba Yolanda Díaz. Lo cierto es que dos de las 3 grandes plataformas de delivery que siguen operando en España han hecho todo para escapar y evitar trabajar con repartidores contratados directamente. En esa realidad han decidido enfrentar las consecuencias de una ley que desde su aparición consideraron inviable su servicio.
Es cierto que el rechazo no ha sido completo. Cuando apareció la ley desde Uber Eats se intentó aplicar un modelo similar al que el hermano mayor de la aplicación tiene para sus servicios de transporte, contratando flotas indirectamente, pero el precio y las dificultades para pautar los horarios del personal terminaron haciendo desaparecer estas flotas, y en la actualidad ambas empresas siguen trabajando con miles de repartidores autónomos, al punto que el alta de autónomo es una exigencia dentro del proceso de registro como repartidor en ambas.
Esto también se ha traducido en otra serie de problemas para Uber Eats y Glovo. A pesar de sus intentos, las aplicaciones no solo enfrentan las sanciones por ignorar la ley rider, y la presión ejercida sobre ellas de parte del ministerio de trabajo que dirige Yolanda Díaz, sino además el uso y alquiler ilegal de las cuentas de los repartidores a usuarios que no cuentan con los documentos exigidos por las plataformas los ha puesto también en la mira de migración, y a los repartidores a lidiar con una mayor atención policial de lo que están acostumbrados.
En cualquier caso, la posición de ninguna de las dos plataformas. Mientras que algunos de sus competidores han decidido dejar de funcionar en el país, como el caso de Deliveroo y Stuart, y en otros como el de Just Eat han cambiado el modelo para contratar a sus repartidores y cumplir con la normativa. Aun así, estas empresas han señalado que es complicado competir de tú a tú con las empresas que violan la normativa actual, ya que estas tienen una flota de trabajadores más grande, lo que permite mayor inmediatez, y tienen menos gastos operativos.
EL GOBIERNO NO AFLOJA CON LA LEY RIDER
En cualquier caso, mientras desde el Gobierno se insista con la ley, el choque con estas plataformas será permanente. En la práctica es complicado para las mismas seguir funcionando del mismo modo, sobre todo en el caso de una Glovo a la que las sanciones le han costado ya más de 400 millones de euros, y que han escalado hasta una denuncia de fiscalía contra su fundador y director ejecutivo, Oscar Pierre, que podría traducirse en una sentencia de entre 6 meses y 6 años de prisión. No es un detalle insignificante, y hace evidente que es cada vez más complicado operar ignorando la normativa.
Por su lado, Uber Eats mantiene su desafío abierto. Es cierto que de momento ha recibido una menor cantidad de sanciones en público, pero ya empieza a lidiar con señalamientos no solo de sus competidores, sino desde el Gobierno por la presencia permanente de autónomos en sus repartidores. Si de momento no están en el ojo del huracán al mismo nivel de Glovo se debe, sobre todo, a que intentaron cumplir con la normativa, por lo que aún no acumulan el mismo nivel de problemas.
Se suma además que existe una versión Europea de la misma normativa. Si bien esta no consiguió tener la fuerza que esperaba Yolanda Díaz cuando desde Sumar se empezó a presionar para aprobar la norma en todo el continente, también es evidente que le da herramienta a los países y gobiernos que lo decidan para aplicar controles sobre la relación laboral entre estas plataformas y sus repartidores.
LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR SEGUIRÁ CASTIGANDO A GLOVO Y UBER EATS
Lo cierto es que a pesar de estas dificultades, desde las empresas no se plantea un intento de contratar a los repartidores. Desde Glovo se expresa que sería complejo organizar los horarios, y Uber Eats ni siquiera ha coqueteado públicamente con la idea desde el intento de cubrir la flota de repartidores a través de empresas intermediarias, una estrategia parecida a la que aplican en el mundo de las VTC, pero que en este caso no fue una opción viable a largo plazo.
Pero mientras sigan ignorando la ‘ley rider’ sus problemas legales seguirán empeorando. En cualquier caso, la situación ocurre al mismo tiempo en que las grandes empresas del sector a nivel internacional han tenido que asumir grandes pérdidas, apartando a Uber, que tiene la ventaja de sus ingresos por el sector transporte. Por tanto, hay motivos para encender las alarmas, y quizás pensar que hay que cambiar la estrategia, esté o no la ley de por medio
