La Abogacía General del Estado ha presentado una querella en contra del juez Juan Carlos Peinado y su sustituto, el juez Carlos Valle, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La querella se debe a dos resoluciones adoptadas por los jueces en relación con la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.
En concreto, la Abogacía considera que la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo y el rechazo a que declarara por escrito, son contrarias a la normativa que regula este tipo de actuaciones. Además, señala que estas decisiones judiciales tienen una «repercusión» y «descrédito» hacia la Presidencia del Gobierno que el legislador ha buscado evitar.
Cuestionamiento de las decisiones judiciales
La Abogacía General del Estado defiende en su querella que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo. Sostienen que «lo determinante del objeto de la investigación» es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada, por lo que no cabe disociar a la persona de su cargo.
Asimismo, la Abogacía considera que la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido «prevaricadora» porque en su providencia del 19 de julio «no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito». Insisten en que desconocen las razones por las que el juez considera que el presidente solo pudo conocer los hechos fuera del ejercicio de su cargo.
Por otro lado, la Abogacía recuerda que incluso el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales actúan con «mesura» y evitan hacer públicas resoluciones en periodos electorales, algo que no se ha observado en este caso, dada la «repercusión» que tiene la declaración de Sánchez.
Defensa de la Presidencia del Gobierno
En el marco de la querella, la Abogacía insiste en que el juez Peinado no cuenta con «un mínimo indicio» que «soporte» las diligencias que ha acordado y sostiene que con sus «conjeturas» genera un «descrédito gratuito» y «desprestigia» la Presidencia del Gobierno.
Además, señalan que esta querella no es un «ataque» al Poder Judicial, sino «expresión en la confianza en el Poder Judicial» y «el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales».
En definitiva, la Abogacía General del Estado busca que el TSJM recabe las resoluciones adoptadas por los jueces y que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, con el fin de defender la legalidad de las actuaciones de la Presidencia del Gobierno en este caso.
