El Gobierno de Andorra ha dado un paso importante hacia la garantía del derecho a la vivienda y el crecimiento sostenible del país. A través de un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, se han implementado una serie de medidas dirigidas a incrementar la oferta de viviendas de alquiler y regular la inversión extranjera en el sector inmobiliario.
Abordando el Problema de la Vivienda
El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha reconocido que el derecho a la vivienda es una de las «máximas preocupaciones» del Gobierno, y que no puede disociarse del crecimiento sostenible del país. La nueva ley busca aportar soluciones decididas y valientes a corto y medio plazo, complementando la congelación de los alquileres hasta 2024.
Una de las medidas clave es la «cesión temporal obligatoria» de pisos vacíos. Se define como piso vacío a aquellas viviendas que no tienen contrato de suministro eléctrico o que no tienen consumo de energía durante los dos años anteriores al 1 de enero de 2024. Según los cálculos provisionales, esta medida afectaría a unos 2.000 pisos.
Para hacer aflorar estos pisos vacíos, se enviará un requerimiento al titular de la vivienda, quien tendrá tres meses para justificar que el supuesto no es cierto. Si no hay justificación de ocupación, el Gobierno declarará el «incumplimiento de la función social de la vivienda» y acordará la cesión obligatoria y temporal del uso de la vivienda por un plazo de 5 años como máximo. A cambio, el titular percibirá una compensación económica equivalente a la renta de precio asequible que se defina.
Además, se ha previsto un incremento del impuesto de pisos vacíos, que pasará de 50 euros a 100 euros por metro cuadrado.
Regulación de Viviendas Turísticas
El proyecto de ley también aborda el tema de las viviendas de uso turístico (HUT) y los apartamentos turísticos. Se prohíbe la concesión de nuevas licencias en este ámbito, y para los permisos vigentes se ha previsto un sistema de caducidad temporal, que podrá renovarse cada 3 años bajo ciertas condiciones.
Según los cálculos del Gobierno, esta medida afectaría a unos 660 pisos, cerca del 25% del total de casi 2.800 pisos turísticos que hay en el Principado. Si en un plazo de 6 meses de la cesión del piso al Instituto Nacional de la Vivienda (INH) no se ha podido alquilar, el titular recuperará la licencia turística.
Regulación de la Inversión Extranjera
En cuanto a la inversión extranjera, el proyecto de ley establece que las personas físicas no residentes, las personas físicas residentes con menos de 3 años de residencia, las personas jurídicas de nacionalidad extranjera y las personas jurídicas de nacionalidad andorrana con participación extranjera en su capital superior al 25% solo podrán adquirir dos pisos en el país.
Además, se prohíben las promociones inmobiliarias extranjeras, excepto si están destinadas al mercado de alquiler, y la inversión extranjera directa de más del 25% en una sociedad andorrana requerirá autorización previa, cuando hasta ahora era del 50%.
Finalmente, el proyecto de ley también incluye incrementos en los tipos de gravamen sobre la plusvalía inmobiliaria y cambios en la normativa de inmigración, como la eliminación de los permisos de trabajadores desplazados extracomunitarios y la prohibición de trabajar por cuenta propia a los titulares de una autorización de residencia y trabajo durante el primer año de vigencia de la autorización.
En resumen, la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Andorra tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la vivienda y promover un crecimiento sostenible del país, a través de medidas como la cesión temporal obligatoria de pisos vacíos, la regulación de las viviendas turísticas y la restricción de la inversión extranjera en el sector inmobiliario.
