La reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que falló en contra de la legislación española sobre el despido improcedente, ha puesto en el centro del debate público la necesidad de reformar el régimen del despido en nuestro país. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha sido claro al afirmar que España tiene la obligación «de manera inmediata y urgente» de cumplir con esta resolución europea.
Según Pérez Rey, la Carta Social Europea es un tratado internacional y un compromiso que el Estado español ha adquirido con las instituciones internacionales. Por lo tanto, las decisiones derivadas del Comité Europeo de Derechos Sociales no son simples recomendaciones, sino obligaciones que el país debe atender.
El Diálogo Social como Clave para la Reforma del Despido
En este contexto, el Gobierno ha asumido el compromiso de abordar, en el marco del diálogo social, una reforma del despido que cumpla con los estándares establecidos por la Carta Social Europea. Pérez Rey ha sido enfático al señalar que no puede ser que despedir a alguien sin justificación salga gratis a las empresas, y que la reforma debe garantizar que el despido sea «disuasorio» para evitar abusos.
Además, la reforma deberá tener en cuenta las circunstancias personales de los trabajadores, como la edad, la situación familiar y el nivel de formación. De esta manera, se buscará proteger a los más vulnerables y evitar que el despido se convierta en una «práctica banal» sin consecuencias.
Una Oportunidad para Fortalecer los Derechos Laborales
La condena a España por el Comité Europeo de Derechos Sociales representa una oportunidad para que nuestro país fortalezca la protección de los derechos laborales y cumpla con sus obligaciones internacionales. Según Pérez Rey, el Gobierno está decidido a abordar esta reforma de manera «inmediata y urgente» a través del diálogo social, con el objetivo de garantizar que el despido sea realmente disuasorio y consecuente con la falta de justificación.
Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, en el que se asumió el compromiso de reformar el despido para dar cumplimiento a la Carta Social Europea. Ahora, con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, ese compromiso adquiere una urgencia y una relevancia aún mayores.
En resumen, la condena a España por el coste del despido improcedente ha desencadenado una respuesta del Gobierno, que se ha comprometido a reformar el régimen del despido a través del diálogo social, con el objetivo de cumplir con la Carta Social Europea y fortalecer la protección de los derechos laborales en nuestro país.
